El Gobierno ha defendido en la Comisión de Empleo del Congreso dos proposiciones no de ley para reclamar que se siga fomentando el teletrabajo y que refuerce la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo para garantizar que todos los ciudadanos acceden a ellos en igualdad de condiciones independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.
En la primera de estas iniciativas parlamentarias, los ‘populares’ lamentan que el teletrabajo en España todavía esté poco arraigado, en comparación con otros países europeos, a pesar de que la reforma laboral de 2012 regulaba esta modalidad laboral, que «beneficia tanto al empresario como al trabajador» y que también tiene repercusiones positivas para la economía en general y para el medio ambiente.
«Es cierto que el Gobierno del Partido Popular ha trabajado intensamente para reestructurar esta modalidad de empleo y para garantizar los derechos del teletrabajador. Sin embargo, la tendencia global hacia el trabajo a distancia aún no se ha asentado en España», reza el texto, que recoge Europa Press.
ADAPTARSE A LA REALIDAD SOCIAL
Por eso, el partido que sustenta el Gobierno aboga por «regular y potenciar» esta modalidad laboral, garantizando los derechos de los trabajadores. «Debemos esforzarnos y continuar promoviendo este tipo de contratación en beneficio de todos y a los efectos de adaptarnos a la realidad social que vivimos», señala.
Y, en este sentido, propone al Congreso que inste al Ejecutivo a «estudiar distintas fórmulas» «hasta conseguir que el teletrabajo sea considerado como un equivalente al trabajo tradicional» presencial, en aras a fomentar la flexibilización horaria y la conciliación laboral, pero también a promover ahorros económicos energéticos a las empresas y al país en su conjunto.
MENOS TIEMPO EN EL PARO
En su segunda proposición no de ley, el PP indica que uno de sus «principales objetivos» en materia laboral es acortar el tiempo que los trabajadores pasan en situación de desempleo, razón por la cual la pasada legislatura aprobó la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-16, que unifica las estrategias de los Servicios Públicos de Empleo en materia de intermediación y de diseño y gestión de las políticas activas.
Además, en 2015 el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio luz verde a la Cartera Común del Sistema Nacional de Empleo, que determina el conjunto de los servicios que deben ser un derecho para las personas, tanto desempleadas como ocupadas, y las empresas, así como los contenidos o requisitos comunes mínimos y aspectos básicos que serán de aplicación en toda España.
En concreto, la Cartera incluye un servicio de orientación profesional, otro de colocación y asesoramiento a empresas, otro de formación y cualificación para el empleo y un cuarto servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
El objetivo es «garantizar en todo el Estado el acceso en condiciones de igualdad a los Servicios Públicos de Empleo y a sus servicios». «Se trata de otorgar igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, constituyendo un compromiso de los Servicios Públicos de Empleo con las personas y empresas usuarias de los mismos», resume el PP.
A su entender, este modelo «funciona» y ha supuesto un «gran avance» en la homogeneización de las oportunidades de acceso al empleo en todo el país. «Es nuestra responsabilidad conseguir que funcione mejor aún para que llegue al mayor número de personas», insisten los ‘populares’.
Por eso, quieren que la Cámara Baja inste al Gobierno a analizar el funcionamiento de la Cartera Común y a adoptar, en el marco del diálogo social y en colaboración con las comunidades autónomas, medidas para reforzarla y para mejorar su coordinación y eficacia.
