El Gobierno propone una rebaja en los tipos del IRPF, hasta dejarlos entre el 18% y el 43,5%, frente a los tipos mínimos y máximos del 19% y el 45%, respectivamente, cuando se haya alcanzado el objetivo europeo de reducción de déficit público por debajo del 3%, nivel que el Gobierno prevé lograr en 2018, y aboga por consolidar una normativa laboral «consensuada».
Así figura en la ponencia económica del PP que se debatirá en el XVIII Congreso del partido, del 10 al 12 de febrero en Madrid, en la que los ‘populares’ abogan por la reducción del IPRF cuando se alcance el objetivo de reducción de déficit del 3% y por que «en ningún» caso se suba este gravamen.
El Gobierno subraya la necesidad de continuidad en el desarrollo de programas de lucha contra el fraude y la revisión de la lista de paraísos fiscales, así como la introducción de modificaciones en el régimen de las Sicav para «garantizar que se utilicen como instrumentos transparentes de inversión colectiva sujetos a control y tributación, finalidad con la que originalmente se crearon».
Asimismo, plantea la aprobación de un Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para reforzar su efectividad, así como el refuerzo del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales.
CONSOLIDAR UNA NORMATIVA LABORAL «CONSENSUADA»
Respecto al mercado laboral, el Gobierno apuesta por la consolidación de una normativa laboral «lo más consensuada posible que favorezca el empleo estable y de calidad», y por trabajar por la garantía futura del sistema de pensiones.
También urge a afrontar el reto de una evolución demográfica «caracterizada por la dificultad para alcanzar el necesario relevo generacional», y por conseguir una educación «puntera e innovadora», resultado de un Pacto Educativo de Estado que consolide «un modelo estable y de calidad y no se vea condicionado por la ideología del gobierno de turno».
REVISAR LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES
Respecto al sistema público de pensiones, el Gobierno subraya que es «el mejor instrumento de solidaridad entre generaciones y entre territorios», por lo que se marca el «objetivo primordial» de reforzarlo y asegurar su sostenibilidad, buscando «reformas consensuadas» en el ámbito del Pacto de Toledo.
Por ello, aboga por alcanzar en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo un nuevo acuerdo como «expresión del consenso político y social, además del diálogo permanente con los interlocutores sociales».
A su juicio, el pacto deberá reforzar los principios de solidaridad intergeneracional, equidad, contributividad, universalidad y suficiencia económica, con el objetivo de asegurar unas pensiones «dignas», tanto contributivas como no contributivas, en el marco de «un equilibrio financiero que garantice la viabilidad del futuro del sistema».
Para ello, ve necesario realizar propuestas concretas de actuación para aumentar sus recursos económicos, considerando una revisión de las fuentes de financiación del sistema y del reparto de prestaciones entre el Estado y la Seguridad Social.
CONCILIACIÓN: BANCO DE HORAS EN LAS EMPRESAS
En su ponencia económica, el PP aboga también por alcanzar un Pacto Nacional de Conciliación y Racionalización de Horarios que implique una adecuación entre los horarios laborales,escolares, institucionales y comerciales.
En esta línea, propone otorgar un certificado de calidad para empresas con horarios racionales impulsar un banco de horas en las empresas, para que los empleados las puedan utilizar en asuntos justificados por necesidades de conciliación.
Asimismo, destaca que la regulación del teletrabajo, por primera vez en España, posibilita que los empleos se puedan realizar desde un lugar distinto al centro de trabajo, y la ampliación de la reducción de jornada por cuidado de hijosde 8 a 12 años favorece que el empleo sea compatible con las responsabilidades familiares.
Para seguir facilitando esa conciliación, el Gobierno se compromete a garantizar que se alcance al menos una ratio de cobertura del 33% de plazas en escuelas infantiles entre cero y tres años financiadas con fondos públicos.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
De igual forma, defiende el garantizar que todos los ciudadanos de España tengan las mismas posibilidades de acceso a los servicios públicos y de bienestar, para lo que considera que habrá que dotar a las comunidades autónomas y al resto de administraciones de los medios adecuados a través de un modelo de financiación autonómica «consensuado entre todos, eficiente, justo y sostenible».
Según la ponencia económica, las necesidades de financiación de las comunidades autónomas deberán fijarse atendiendo a sus necesidades reales. Por tanto, se tendrán en cuenta variables que ponderen la población, por estar probada su evolución como un factor de coste, en especial el envejecimiento o la población en edad escolar.
Estas se sumarían a otras que recojan factores físicos que incidan deforma evidente en el coste de la prestación de servicios (dispersión,superficie, insularidad), y que se determinarán en el grupo de trabajo creado en el CPFF para cada una de las competencias.
La evaluación de las necesidades reales deberá realizarse de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales, y para el Gobierno deberían considerarse de manera especial las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia y revisarse, con el «máximo detalle», la dinámica de crecimiento del gasto sanitario, sus indicadores y los índices que determinan la población protegida equivalente.
La reforma, añade el Gobierno , debe garantizar el ejercicio de la autonomía financiera de los ingresos y la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.
