La nueva norma, que deberá ser convalidada en el Congreso, eleva así a rango de ley el ratio de uno por treinta que el Ejecutivo ya aprobó por Real Decreto en noviembre de 2015.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que blinda la limitación ya impuesta a la concesión de autorizaciones a empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify, en relación con las del taxi, con el fin de garantizar que no exista más de una licencia de esas empresas por cada treinta del taxi.
El objetivo del Gobierno es «equilibrar el sector del VTC en relación con el del taxi y garantizar una convivencia equilibrada entre ambos», según indicó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Asimismo, pretende garantizar la «seguridad jurídica» en el sector de las VTC y que cuente con una «regulación homogénea» en todo el territorio nacional, ante la «proliferación» de diferentes iniciativas normativas en distintas comunidades y ayuntamientos para contener a los VTC.
«Ante todo ello, el Gobierno, dadas sus competencias en regulación de los transportes, las ejerce para garantizar una regulación homogénea en todo el territorio», argumentó De la Serna.
No obstante, el Real Decreto Ley se aprueba en vísperas de que el Tribunal Supremo se pronuncie precisamente sobre este ratio de limitación entre los VTC y el taxi impuesto en 2015.
EN VÍSPERAS DE LA DECISIÓN DEL SUPREMO
El fallo del Alto Tribunal será consecuencia del recurso que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó entonces en contra de esta limitación, al que posteriormente se sumaron Unauto, la patronal de las VTC, y las principales empresas del sector, Uber y Cabify, que reclaman la supresión de las limitaciones.
Ahora, con la aprobación del nuevo Real Decreto Ley, el Ejecutivo pretende elevar a rango legal el ratio entre los dos modos de transporte urbano ante la previsión de que el Supremo pudiera anularla.
«No conozco cómo terminará el contencioso-administrativo abierto en el Supremo, actualmente en fase de deliberación y fallo, pero con este Real Decreto Ley pretendemos garantizar seguridad jurídica en todo el territorio», indicó al respecto el titular de Fomento. «Sobre todo teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo en los últimos meses», añadió.
De la Serna se refirió así a los miles de licencias que los VTC están obteniendo por vía judicial como consecuencia del vacío legal que registró el sector entre 2009, cuando el entonces Gobierno socialista lo liberalizó, y 2015, cuando el anterior Ejecutivo del PP lo volvió a regular e impuso la limitación.
LAS VTC YA TRIPLICAN LA TASA PERMITIDA
Así, según detalló, en la actualidad existen en España 64.217 licencias de taxi frente a 7.058 licencias de VTC. De esta forma, el número de autorizaciones de estas empresas multiplica ya por más de tres a las que les correspondería en virtud del ratio de uno por treinta.
Además de blindar esta relación entre los dos gremios, el nuevo texto legal también pretende fijar por ley el porcentaje de servicios que las empresas como Uber pueden realizar dentro y fuera de la comunidad autónoma en la que tienen licencia, de forma que los trayectos más allá de la región no superen el 20% de los totales.
El Real Decreto Ley también modifica un artículo de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) para establecer que la Conferencia Nacional de Transportes se encargue de promover y coordinar medidas para impulsar la competitividad en el sector del taxi con el fin de mejorar el sistema de transportes.
La aprobación de este nuevo texto legal, que ahora cuenta con un mes para lograr apoyos suficientes de otras formaciones políticas y ser convalidado por el Congreso, tiene lugar apenas cuatro meses después de que Fomento aprobara las últimos requisitos que impuso a los VTC.
En concreto, en diciembre de 2017, el Gobierno aprobó por Decreto Ley la prohibición de vender licencias para prestar estos servicios en los dos años siguientes a su consecución y la obligación de dar cuenta en un registro público de todos los servicios que realicen, con el fin de comprobar que se ajustan a la ley.
Se da la circunstancia de que estas medidas también fueron recurridas por la CNMC ante el Supremo, al considerar que, al igual que las actualmente elevadas a rango de ley, son «injustificadas y contrarias a la libre competencia», y que además «perjudican a los usuarios de esos servicios».
De su lado, el sector del taxi se ha personado en los dos recursos del lado del Gobierno, ante la «competencia desleal y el intrusismo» que suponen los VTC, contra los que llevaron a cabo distintos paros y movilizaciones durante el pasado año.
