El Consejo de Ministros ha aprobado la ratificación y la remisión a las Cortes del Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio o Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), conocido como CETA.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicado que se trata de un acuerdo mixto que une competencias entre Canadá y los Estados miembros de la UE y lleva a la apertura de los mercados y a una política comercial abierta, lo que supone «el mejor camino para el progreso de las sociedades».
Méndez de Vigo ha destacado que el objetivo del acuerdo, que tuvo una tramitación «azarosa» con la dilatación en el tiempo de su autorización por parte de algún país miembro, como Bélgica, es incrementar el comercio bilateral y los flujos de inversión para contribuir al crecimiento en el marco de la ‘Estrategia Europa 2020’, y mejorar la competitividad mediante la mayor participación en mercados exteriores.
Asimismo, ha subrayado que el acuerdo contempla una reducción «importante» de los aranceles, del 98,6% en el caso de los aranceles de Canadá y del 98,7% en el caso de la UE, con excepciones «muy limitadas» para algunos productos agrícolas sensibles.
«El Gobierno de España es favorable al acuerdo», ha apostillado Méndez de Vigo, quien ha recordado que el Ejecutivo español pidió en el último Consejo Europeo agilizar los pasos para llegar a un acuerdo similar con el Mercosur y alcanzar la renovación del acuerdo comercial con México.
DURAS NEGOCIACIONES
La Unión Europea y Canadá dieron por cerradas las negociaciones sobre el CETA en agosto de 2014, aunque el acuerdo no fue firmado por ambas partes hasta el pasado 31 de octubre, tras unas duras negociaciones donde Bélgica fue uno de los principales obstáculos, por el bloqueo de la región de Valonia al tratado.
El pasado mes de febrero fue ratificado por el Parlamento Europeo, lo que permite su entrada en vigor provisional esta misma primavera, aunque la aplicación definitiva y total del acuerdo no será efectiva hasta que los parlamentos nacionales y regionales competentes en los países de la UE (hasta 38 cámaras) den su aprobación, lo que llevará varios años.
