El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un plan trianial (2019-2021) para prevenir y reducir el desempleo de larga duración, bajo el nombre Reincorpora-t, con un presupuesto para los tres años de 1.313 millones de euros.
La dotación supondrá «una reorientación de las políticas dirigidas a las personas desempleadas para incidir en un colectivo muy vulnerable y con especiales dificultades de reincorporación laboral».
Si se tiene en cuenta el subsidio para mayores de 52 años y la cotización de personas dedicadas a labores de cuidado familiar, medidas anteriormente aprobadas también incluidas en este plan y que tienen un coste de 2.687 millones, la dotación del plan asciende a 4.000 millones de euros.
Según ha señalado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, uno de los objetivos de este plan es reducir la tasa de paro de larga duración en 2,5 puntos, hasta el 4,3% en el cuarto trimestre de 2021.
Esta reducción supondría un descenso neto del número de desempleados de larga duración mayores de 30 años de 422.100 personas, ya que la cifra pasaría de los 1,2 millones actuales a 850.000 parados.
Asimismo, el Gobierno quiere mejorar la empleabilidad de los desempleados y desarrollar acciones preventivas para evitar la caída en situaciones de paro de larga duración.
Otro de los objetivos del plan es disminuir a la mitad la actual brecha de género entre hombres y mujeres desempleados de larga duración, reduciéndola desde el 11,6% cual hasta el 5,3%. Esto supondría reducir el paro de larga duración en 259.700 mujeres y casi 162.800 hombres. Además, rebajaría el número de desempleados de más de 24 meses en un 12%, lo que supondría una reducción de 361.819 personas.
El plan cuenta con un total de 63 medidas distribuidas en seis ejes, que van desde la orientación o la formación a las oportunidades de empleo, igualdad, emprendimiento y mejora del marco institucional.
En el eje de orientación, destaca la personalización de los procesos de atención de las personas desempleadas y la mejora de la red de orientadores. Para ello, la red de 3.000 personas profesionales de orientación, creada en el marco del Plan de Choque por el Empleo Joven, atenderá también a los parados de larga duración.
Respecto a formación, el plan incluye medidas orientadas a personalizar los procesos de formación, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de competencias clave y digitales, así como actuaciones específicas para desempleados de más de 24 meses que sufren una falta de motivación e inseguridad ante una posible reincorporación laboral.
Por otro lado, se pretende articular un sistema que genere un valor añadido mediante el incremento del crédito formativo para las empresas que contraten y mantengan de forma estable a un porcentaje de desempleados de larga duración superior al 10%.
También se desarrollarán medidas para apoyar el mantenimiento y la llegada de la población rural. En concreto, se pretende potencial el fomento del emprendimiento e incentivar proyectos relacionados con el medio ambiente y contra el cambio climático.
Además, promocionará se promocionará el autoempleo, las iniciativas de desarrollo local y de economía sostenible. Sobre la mejora del marco institucional, Trabajo pretende reforzar la coordinación con los servicios sociales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Valerio también ha destacado el compromiso del Gobierno a adoptar medidas que reviertan la situación de los parados de larga duración actuales. «Este plan tiene un carácter integral y trasversal y tenemos que trabajar de forma coordinada todas las administraciones de este país», ha remarcado.
