El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes los anteproyectos de ley que crean los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, con los que el Gobierno prevé recaudar 1.200 y 850 millones de euros, respectivamente. Ya como proyectos de ley, iniciarán ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que la llamada ‘tasa Google’ se dirige a las plataformas que trabajan de forma «privilegiada» y que proporcionan una «gran desventaja» a otros comercios o actividades que pagaban impuestos, con lo que se hace frente a la «competencia desleal».
Celaá ha destacado que España será el primer país de la UE que establece esta imposición para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital.
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
En concreto, Celáa ha explicado que, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, se gravará el 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
El nuevo impuesto se dirige por tanto a las plataformas que ponen en contacto el que ofrece servicio y lo adquiere, pero no al que genera el producto, ha matizado Celáa, quien ha apuntado que la liquidación será trimestral y que el Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros.
Quedan excluidas del gravamen la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen del impuesto determinados servicios financieros.
Tras el trámite de audiencia pública, se ha incluido en el anteproyecto que las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100% quedarán fuera del impuesto.
TRANSACCIONES FINANCIERAS
Igualmente, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como ‘tasa Tobin’, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, que busca también la «equidad» del sistema, según Celaá.
La portavoz del Gobierno ha indicado que desde el año 2013 un total de 10 países de la UE trabajan sobre esta imposición, que se considera «conveniente» establecer a nivel nacional.
Siguiendo el modelo francés, se someterá a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.
Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen se encuentran las operaciones del mercado primario (salida a Bolsa de una compañía), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.
El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.
Lo que no ha aprobado el Consejo de Ministros de este viernes es el proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recogía un amplio abanico de medidas, han apuntado fuentes de Hacienda.
Entre otras, incluirá la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales, el reforzamiento de la lista de morosos con los responsables solidarios y la aparición de los deudores a partir de 600.000 euros (ahora es un millón), la prohibición de amnistías fiscales y la adopción de medidas internacionales de lucha contra el fraude. Con todas estas medidas, prevé recaudar 500 millones de euros extra.
