Ante las elevadas cifras de déficit, deuda e inflación en nuestro país, y el previsible incremento del gasto de las Administraciones por la retirada de estímulos del BCE y para atender las necesidades derivadas de la guerra en Ucrania, el Consejo General de Economistas (CGE) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) han celebrado una sesión online titulada Una reflexión sobre la eficiencia del gasto público en España, en la que han intervenido el presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa y el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
Ambos expertos han coincidido en señalar la necesidad de evaluar la eficiencia del gasto público. Jordi Sevilla considera que el debate sobre la eficiencia del gasto debería hacerse al margen de la situación coyuntural. Según Íñigo Fernández de Mesa, España podría reducir su gasto público un 14%, lo que equivale a unos 60.000 millones de euros, y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos.
La presentación del acto ha corrido a cargo del presidente y la vicepresidenta del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich y Amelia Pérez Zabaleta, quienes han recordado que, tras varios años de estabilidad–en torno al 40% del PIB–, el gasto desplegado en España a consecuencia de la Covid ocasionó que en 2020 se superara el 50% del PIB. También han señalado que, tras la irrupción de la Covid, España ha pasado a ser la segunda economía después de Grecia que más ha incrementado su nivel de gasto público en porcentaje del PIB. Para el presidente de los economistas “la situación económica actual debería hacernos reflexionar sobre los riesgos que puede suponer para la economía nacional en su conjunto mantener altas tasas de gasto de manera persistente, de ahí que hayamos considerado oportuno organizar esta sesión con dos expertos en la materia”. En su opinión, sería conveniente adecuar los Presupuestos Generales del Estado a la realidad actual; establecer sistemas eficientes de evaluación y control del gasto para evitar desvíos hacia partidas superfluas, y acometer de manera realista el tema de la revalorización de las pensiones.
El debate ha girado en torno a cuatro preguntas clave:
¿Es necesario mejorar la eficiencia del gasto de las administraciones públicas? ¿qué variables inciden en la mejora de la eficiencia del gasto de las administraciones públicas?
Con respecto a esta primera pregunta, Íñigo Fernández de Mesa entiende que “la vuelta a un escenario de recuperación económica tras la superación de los efectos más lesivos de la crisis de la COVID y de las consecuencias del conflicto de Ucrania que marcan un menor crecimiento y una mayor inflación estará íntimamente relacionada con la adopción de decisiones de política fiscal que ajusten nuestro elevado déficit estructural y endeudamiento público. La vía más conveniente para consolidar nuestro crecimiento y mejorar la competitividad es aumentar la eficiencia del gasto público”. Para Jordi Sevilla el debate sobre la eficiencia de gasto público “debería hacerse al margen de la situación coyuntural”. Sevilla se ha preguntado ¿cuál es la finalidad del gasto público? “La cuestión es si el propósito es gastar para alimentar la maquinaria o que el objetivo del gasto sea que sirva para aquello para lo que se ha diseñado”, ha señalado.
¿Es más conveniente que esta estrategia considere como prioritaria una mejora de la eficiencia del gasto público como medida de consolidación y ajuste fiscal, o acudir a la vía de ingresos como mecanismo de estabilización?
Con respecto a esta pregunta, Jordi Sevilla opina que “mejorar la eficiencia del gasto público no significa reducirlo”, y ha instado a todos los gobiernos “a hacer políticas de evaluación del gasto público”. Sevilla considera que el nivel de gasto en España está por debajo de la Unión Europea y que “el precio de pagar impuestos es el precio de vivir en civilización”. A este respecto, Íñigo Fernández de Mesa ha señalado que “las subidas impositivas no son un mecanismo adecuado de consolidación fiscal, ya que, en muchos casos, terminan suponiendo un efecto contrario al deseado, con un mayor incremento del déficit y de la deuda, así como una pérdida de competitividad de la economía. En cambio, la mejora de la calidad del gasto público provee de mayores recursos para el sector privado, mejora las condiciones de financiación para la inversión, favorece menores niveles de economía sumergida y reduce, asimismo, la desigualdad”.
¿En qué posición se encuentra España, con respecto el resto de economías avanzadas, en el ámbito de la eficiencia del gasto público? ¿qué consecuencias tendría el converger en eficiencia del gasto público con respecto a los países de nuestro entorno?
Con respecto a esta pregunta, Fernández de Mesa manifestó que “España no presenta una posición favorable en términos de eficiencia del gasto y, además, ha mostrado una significativa pérdida relativa de eficiencia con respecto a otras economías avanzadas. Nuestras Administraciones podrían reducir sus gastos en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos, esto es, una cuantía de unos 60.000 millones de euros”. Para Sevilla, “la eficiencia del gasto público debería ocupar una parte importante del debate público y político”, y considera necesario llevar a cabo un análisis de indicadores de eficiencia.
¿Qué medidas a corto plazo podrían aprobarse para mejorar la eficiencia del gasto público en España? ¿qué reformas estructurales a medio y largo plazo serían más determinantes a la hora de mejorar la eficiencia del gasto público?
Para Jordi Sevilla la cuestión “no es hacer muchas leyes, sino que se cumplan y se analice la eficiencia de su cumplimiento”, y puso como ejemplo el Ingreso Mínimo Vital que, para Sevilla “es una buena ley pero que no se está desarrollando adecuadamente”. En cuanto a las reformas estructurales, considera adecuadas las que ha propuesto el Banco de España en su último informe anual, pero entiende que, para llevarlas a cabo y que duren en el tiempo, habrán de hacerse con un amplio consenso. Íñigo Fernández de Mesa considera que “habría que implementar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas; gestión profesionalizada e independiente; con evaluación constate de actuaciones; fomentando la colaboración público-privada; favoreciendo la corresponsabilidad fiscal y la colaboración entre Administraciones; dotando de mayor flexibilidad y orientación al mérito profesional; presupuestando conforme a consecución de objetivos; y mejorando su digitalización”. Con respecto a las reformas estructurales, Fernández de Mesa ha expresado que “las claves para la economía a medio plazo se centran en la concreción de un plan para la corrección de los desequilibrios de las finanzas públicas; un uso apropiado de los fondos de recuperación europeos, y crear un clima especialmente favorable a la actividad empresarial promoviendo el restablecimiento de unas condiciones óptimas para la inversión, factor determinante de la reactivación de la actividad económica”.
Tras las respuestas de estos dos reputados economistas, ha intervenido el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, quien ha puesto de manifiesto que, pese a existir discrepancias en algunos aspectos, los ponentes han coincidido en lo fundamental, que es la necesidad de evaluar la eficiencia del gasto público.
A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha señalado que, “en su informe de primavera, la Comisión Europea, pese a mantener en suspenso las reglas fiscales, ha reclamado a los Estados limitar el crecimiento del gasto corriente en 2023 por debajo del crecimiento potencial de la economía, especialmente en aquellos países con una elevada deuda, como es el caso de España; por su parte, el Banco de España, en su informe anual, ha insistido en la necesidad de revisar el gasto público para ganar en eficiencia. Ante esta tesitura y el desfase de nuestras cuentas públicas, sería recomendable actuar sobre tres frentes: por un lado, adecuando los Presupuestos Generales del Estado a la realidad actual; por otro, estableciendo sistemas eficientes de evaluación y control del gasto para evitar desvíos hacia partidas superfluas; y, por último, acometer de manera realista el tema de la revalorización de las pensiones, que, de no atajarse de forma adecuada, podría disparar el gasto de una manera insostenible”.
