El Plan de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha conseguido aflorar 388.900 empleos irregulares y ha logrado la conversión de 227.446 temporales en indefinidos desde abril de 2012, al tiempo que ha permitido detectar 5.500 empresas ficticias sin actividad real que se crearon con el objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones en ese mismo periodo.
Así lo ha señalado en Murcia la ministra de Empleo y Seguridad social en funciones, Fátima Báñez, tras firmar con el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, un convenio por el que se establecen nuevos mecanismos de colaboración entre ambas administraciones para intensificar la lucha contra el fraude laboral y la Seguridad Social, y que impulsa la mejora del empleo de calidad.
Báñez ha recordado que en abril de 2012 se aprobó el Plan de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que ha permitido «mejorar los instrumentos legales, los mecanismos de cooperación institucional y los medios organizativos, materiales y humanos destinados a reformar y mejorar los mecanismos de control y prevención en la lucha contra el fraude».
Además, ha indicado que las actuaciones del Plan de lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social han incrementado la eficacia de la actuación de la Inspección en la lucha contra el fraude y han tenido un impacto económico de 16.684 millones de euros en ese periodo.
De igual forma, ha resaltado el «esfuerzo» realizado para incrementar la plantilla, ya que desde 2012 se han incorporado ya 242 nuevos inspectores y subinspectores, que serán 265 a finales de este año.
Este esfuerzo se verá completado cuando superen el proceso selectivo los aspirantes en curso y los incluidos en la OPE de 2016. En total serán más de 400 inspectores y subinspectores nuevos incorporados desde 2012, según la ministra.
FRAUDE LABORAL
Respecto al convenio firmado, Sánchez y Báñez han asegurado que se trata de estrechar la colaboración entre ambas administraciones en este «objetivo común de trabajar contra la economía sumergida en la Región de Murcia, dotando de más medios materiales y humanos».
Entre otras cosas, este acuerdo va a permitir generar una nueva Comisión de investigación que va a permitir trabajar de forma más permanente en objetivos comunes y la Comunidad tendrá por primera vez voz y voto en el diseño de las estructuras de responsables que dirijan esta estrategia común y se incrementan los medios humanos y telemáticos.
De la misma forma, se incrementan los medios tecnológicos que dan más fluidez al intercambio de información y, además, la Región de Murcia se va a beneficiar de un aumento en la plantilla de inspectores y subinspectores, aunque su número está todavía por concretar, tal y como ha señalado Sánchez.
Es el primer convenio de estas características que se firma entre una comunidad autónoma y el Ministerio y, según Pedro Antonio Sánchez, el objetivo es «ser más eficaces y ágiles en la detección de irregularidades, en la prevención de las mismas para defender los derechos de los trabajadores y apostar por la competitividad de las empresas».
En palabras del presidente de Murcia, «luchar contra la economía sumergida es trabajar en favor de la justicia, de los derechos de los trabajadores y de la igualdad en las condiciones de competitividad de las empresas de la Región», y ésta es «la única dirección en la que tenemos que seguir avanzando y hacerlo en coordinación con todos».
La ministra ha remarcado que este convenio responde a lo establecido en la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprobada en 2015, que prevé la articulación de la colaboración entre la autoridad central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Comunidades Autónomas a través de convenios de colaboración.
De esta manera, la firma de este convenio permitirá hacer efectivo el nuevo modelo diseñado por la citada ley, garantizando la vigencia de una única Inspección de Trabajo y Seguridad Social al servicio de los ciudadanos, según ha destacado al ministra en la rueda de prensa.
En el convenio se identifican y establecen las funciones de las autoridades central y autonómica, la coordinación de Estado y Comunidad Autónoma en el seno de la Comisión Operativa Autonómica, así como cuestiones relativas a los medios materiales y humanos sobre los que deben sustentarse las relaciones de colaboración y apoyo entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Región de Murcia.
