La situación que están atravesando las empresas y los autónomos de La Rioja es muy preocupante. El constante y desbocado aumento de los costes energéticos, de los carburantes, de las materias primas, materiales y suministros, que son esenciales para la actividad, está poniendo a muchos negocios, medianas y pequeñas empresas y a los autónomos en jaque y contra las cuerdas.
La Federación de Empresas de La Rioja (FER), que lleva meses consultando y recabado información en los diferentes sectores económicos y empresariales de la Comunidad Autónoma, considera que hemos llegado a una situación límite que se ha generalizado y a un momento de riesgo máximo para el mantenimiento y la viabilidad de estas empresas, actividades, sectores y negocios, que emplean a miles de trabajadores.
Por ello, la FER cree que, teniendo en cuenta que cada día que pasa está empeorando la situación, no podemos cerrar los ojos a esta realidad y ha llegado el momento de reclamar un auténtico Plan de Choque Nacional, cuya puesta en marcha debe ser urgente e inmediata.
Plan de Choque Nacional y bajada de impuestos, cómo única alternativa
Este Plan de Choque Nacional debe basarse principalmente en una reducción generalizada de los impuestos que soportan empresas y autónomos para aliviar y aligerar el aumento de los costes de actividad. Entre estos costes inadmisibles se encuentran los derivados de la compra de las materias primas, los materiales y demás suministros. Las materias primas no dan tregua a las empresas y continúan su escandalosa subida.
También es necesaria una reducción de la carga impositiva a los ciudadanos, puesto que el consumo también se está viendo muy afectado y esto incide de forma directa en la actividad empresarial.
Es necesario el mantenimiento del impuesto especial sobre la electricidad en el mínimo que autoriza Bruselas del 0,5% y seguir con la supresión del impuesto que grava con un 7% el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.
La reducción de impuestos es la única salida y la única solución razonable para aliviar la actividad de miles de negocios, cuyos costes energéticos y de combustible se han duplicado y triplicado en los últimos meses, lo que lleva a una situación límite, que pone en riesgo la supervivencia y viabilidad empresarial y todo el empleo que sostiene.
La reducción del IVA del 10% al 5% en la energía es una buena noticia para el ciudadano, pero no para las empresas pues se trata de un impuesto neutro. La reducción del IVA solo es beneficiosa para el consumidor doméstico y para aquellos contratos con una potencia inferior a 10.000 W.
Reducción urgente del elevado gasto público ineficiente
Es urgente acometer una reducción importante de elevado gasto público actual, que crece de forma continua y es totalmente inasumible. En España según un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos, se puede llevar a cabo una reducción de 60.000 millones de euros de gasto público innecesario e ineficiente.
Por lo tanto, existe margen de actuación para reducir este enorme gasto público improductivo y poder llevar a cabo la necesaria reducción de impuestos generalizada a empresas, autónomos y ciudadanos.
Revisión profunda de los precios públicos de las licitaciones
Además, es fundamental que se produzca una revisión de los precios públicos de las licitaciones y concursos de las administraciones públicas, puesto que lo realizado hasta no tiene efecto alguno en las pymes, siendo necesario que, además, se incluya a la totalidad de actividades, servicios, obras, proyectos y materiales a los que acceden las empresas riojanas y no solo a un número muy restringido de ellos.
Sin esta revisión de calado y en profundidad de los precios de la contratación pública de servicios y obras, es del todo inviable el acceso de nuestras pymes a los concursos, por lo que es previsible que sigan quedando concursos y adjudicaciones desiertas y, por tanto, las administraciones públicas se encuentren con una situación inédita.
Las empresas tendrán que compensar lo que se deja de pagar por el tope al gas
La medida autorizada por Bruselas a España para poner un tope al precio del gas que produce la electricidad, la llamada excepcionalidad Ibérica, es una medida que no le va a salir gratis a las empresas.
El Gobierno pone un límite al precio, pero deja de compensar a las compañías productoras del gas. Esta compensación la tendrán que pagar las empresas con contratos variables y aquellas empresas que actualicen sus contratos de suministro. Las comercializadoras del suministro eléctrico incorporarán esa compensación económica en las nuevas facturas y el coste se puede duplicar o triplicar.
Por tanto, la medida no solo no ofrece los resultados positivos esperados, sino que, además, es arbitraria e injusta para las empresas y para aquellas compañías que actualicen sus contratos de suministro.
Lamentablemente, el coste energético va a seguir asfixiando a nuestras compañías. En el caso de la industria o de las actividades más intensivas en gas y electricidad, lejos de suponer una solución, se la castiga en el peor momento, en plena crisis energética, con una total incertidumbre sobre la cantidad que tendrá que compensar, con la consiguiente pérdida de competitividad para el sector industrial.
La industria española consume el 60% del gas nacional y necesita un mecanismo de protección si el Gobierno no quiere que se produzca de hecho una parálisis industrial de incalculables consecuencias.
