Ha quedado demostrado que la administración pública, en este caso el Gobierno central. actúa con dos velocidades. En apenas 15 días es capaz de aprobar un real decreto para regular el nuevo impuesto de plusvalías que ya en 2017 el TC declaró inconstitucional, pero su burocracia paraliza meses y años decisiones que afectan al desarrollo económico y empresarial y al crecimiento de las empresas y los autónomos.
Es evidente que el interés de recaudar con el nuevo impuesto para evitar ese vacío legal ha predominado sobre cualquier otro interés público de regular con menos incertidumbre esta nueva figura impositiva de las plusvalías. Además, usando la vía del decreto ley corre el riesgos, como apuntan algunos expertos, de volver a recaer en la inconstitucionalidad de este impuesto.
Los empresarios y autónomos riojanos quieren poner de manifiesto su malestar más absoluto, al poder comprobar en carne propia cómo se dilatan “sine die” o cómo se eternizan meses y años algunos asuntos esenciales para el normal desarrollo de su actividad.
La administración es capaz de despachar en unas semanas un tema tan delicado e importante como el de las plusvalías, únicamente movido por el interés y afán recaudatorio, pero al contrario echa encima de la actividad de las empresas, de los pequeños empresarios y de los negocios de los autónomos todo el peso de una burocracia indecente en temas tan fundamentales como las licencias, autorizaciones, trámites, modificación de normas, etc. que son vitales para mantener el negocio y el empleo.
La FER lleva muchos años denunciando cómo se paraliza la actividad económica por culpa de una burocracia pública que es un elemento dañino y perjudicial como ningún otro, que tiene a las administraciones como únicos responsables.
La burocracia y los excesivos trámites administrativos que existen a día de hoy lastran la competitividad y la agilidad con la que las empresas deben trabajar y funcionar. Es evidente que la administración y la empresa privada trabajan con distintas velocidades, excepto cuando está por medio un afán recaudatorio.
La FER quiere hacer público una vez más la sorpresa, el bochorno y el malestar de los empresarios y de los autónomos por esta actuación interesada de la administración, que lamentablemente no se muestra así de diligente cuando se trata de progresar, de crear riqueza y de generar empleo.
