El centro de investigación privado Economics for Energy considera que el bono social debe considerar la renta como «criterio principal» a la hora de definir los considerados consumidores vulnerables si desea ser efectivo.
En un análisis sobre el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno el pasado año, los expertos del centro aplauden la iniciativa de definir al consumidor vulnerable, pero confían en que en el desarrollo reglamentario de la normativa se «identifique adecuadamente esta categoría».
En concreto, Economics for Energy estima que actualmente al bono social se acogen 2,5 millones de hogares, mientras que los hogares identificados como en riesgo de pobreza energética ascenderían a unos 1,8 millones.
Sin embargo, señala que estas cifras no son un indicador de que el bono social cubre bien a los hogares en riesgo, sino que «realmente está apoyando a mucha gente que no lo necesita, y en cambio quizás no apoya a los que si les hace falta».
Así, el centro de investigación destaca que el principal colectivo que se beneficia del bono social, las personas físicas con potencia contratada inferior a 3 kW (1,8 millones) no tienen por qué estar en riesgo de pobreza energética, mientras que en el caso de las familias numerosas, otros de los colectivos que se pueden acoger, muestran «un claro problema de falsos positivos», ya que al menos un 40% de las que pueden beneficiarse no necesitarían ningún tipo de ayuda.
Además, en el caso de otros de los colectivos que se pueden acoger al bono social, los pensionistas con pensión mínima, subraya que tampoco necesariamente tienen que estar en riesgo de pobreza energética, ya que depende de la configuración total del hogar en el que viven.
Para Economics for Energy, el único de los casos en que «claramente» se sitúan en zona de vulnerabilidad es el de los hogares con todos los miembros en paro, pero este grupo es el que menos se acoge al bono social, con 70.000 hogares de un total de 2,5 millones.
Además, pide extender el bono social a otros servicios, como el gas, y articularlo como un descuento variable de la tarifa, computando como una cantidad a tanto alzado, en función de las necesidades energéticas básicas de la familia, «de forma que la señal de precio siga activa para fomentar el ahorro».
