Crear un estatuto regulador y abrir un registro de expertos en cumplimiento normativo son los dos pasos que debería dar el próximo Gobierno para profesionalizar la función de compliance.
Así lo ha sugerido este jueves el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Vicente Magro durante la conferencia magistral que ha impartido durante el Día del Compliance Officer 2019, organizado por la Asociación Española de Compliance (Ascom).
Durante la jornada, Magro ha defendido la necesidad de impulsar una norma administrativa que concrete qué es el compliance officer y que recoja los requisitos con los que debería contar un buen programa de cumplimiento normativo.
Esto, según ha especificado, será útil en la judicialización de los conflictos, pues permitirá saber «si realmente hay responsabilidad penal» y si el programa de cumplimiento normativo de la empresa es «cosmético o real».
Además, acreditará oficialmente a los profesionales formados para ejercer esta función, que podrían intervenir como peritos en procesos judiciales al estilo de los mediadores, permitiendo que se parta de una base objetiva. Magro ha insistido en que poner en marcha estas medidas es «absolutamente necesario».
En caso contrario, según el magistrado, «estamos abocados a la inseguridad y a la necesidad de que se realice una prueba pericial para comprobar la calidad del programa», ha advertido.
Implantar este registro y crear un estatuto también sería beneficioso para las compañías porque les permitiría seleccionar profesionales con una capacitación reconocida tanto para la implantación de sistemas de compliance eficaces como para la selección de peritos judiciales que puedan hacer un informe acreditando la eficacia de este sistema.
INFORMES PERICIALES
Y en este sentido, el magistrado defiende la importancia de estos informes periciales para que, durante la fase de investigación, las actuaciones se archiven y la empresa no se tenga que sentar en el banquillo en un juicio oral si se prueba que ha «cumplido con sus deberes».
La jornada, a la que han acudido más de 300 profesionales del compliance para debatir sobre buenas prácticas, ha sido inaugurada por la presidenta de Ascom, Sylvia Enseñat, que ha pedido implicación a las empresas en la implementación de esta función, y por Marina Serrano, vicepresidenta de la CEOE, que ha resaltado los beneficios para la compañía de contar con un buen sistema de cumplimiento normativo que proteja su reputación, le ayude a ser referente en responsabilidad social y prevenga delitos y multas, fomentando una competición «lícita y ética».
Sobre este punto también ha insistido la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España. «Estamos en un momento crítico, con el cambio climático y la inestabilidad política, en el que cada vez es más esencial que las instituciones y organizaciones privadas demos ejemplo de cumplimiento no sólo normativo, sino ético y de valores. Con la globalización y digitalización, lo que hacemos ya afecta a muchas más personas de lo que lo hacía antaño», ha afirmado España tras repasar el primer año de vida de la nueva LOPD, que se aprobó en diciembre de 2018 en el Congreso.
