Una parte importante de la caída sostenida de la inversión pública en I+D+I desde 2010 se explica por la decreciente tasa de ejecución del presupuesto dedicado a esta política. En 2017 se volvió a acentuar esta tendencia. La Administración Central solo invirtió el año pasado uno de cada tres euros del presupuesto para I+D+I consignado en los ministerios competentes, según informa la Fundación COTEC para la Innovación.
De los 4.635 millones de euros de presupuesto público para I+D+I disponibles en 2017, finalmente se invirtieron 1.376, un 29,7%, la tasa de ejecución más baja en I+D+I desde que se registra este dato (2000) y la menor entre las 25 principales políticas del Gobierno en 2017.
Los datos acaba de hacerlos públicos la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y corresponden a la llamada Política de Gasto 46, Subsector Estado (lo que deja fuera a la inversión autonómica y a las agencias estatales, como la Agencia Estatal de Investigación -AEI- y el CSIC).
La tasa de ejecución en I+D+I marca un nuevo mínimo en 2017 (29,7%), ocho puntos por debajo del dato de 2016 (38,2%). La caída podría no ser tan drástica si se tiene cuenta el efecto de la transferencia de fondos desde esta partida –subsector estado– a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que en 2017 tuvo una dotación presupuestaria propia por primera vez. Pero incluso en el caso de que la AEI hubiera ejecutado al 100% su presupuesto de 607 millones –no se ha he hecho público el dato, pero es algo muy poco probable-, la tasa de ejecución de la política 46 seguiría estando en mínimos históricos, ligeramente por debajo de los niveles de 2016 (38,2%). Conviene observar que 2016 fue además un año marcado por la decisión del Gobierno de acometer un cierre presupuestario en verano para dar cumplimiento a los objetivos de déficit público.
La sucesión de prórrogas y cierres, fallos en los sistemas informáticos, falta de personal en puestos de gestión y requerimientos y exigencias de control adicionales impuestos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas son causas identificadas como explicación de estos malos datos de ejecución. Todos estos efectos acumulados apuntan a un dato de ejecución aún peor en 2018, si la situación no se corrige.
Evolución de la I+D+I
Durante la primera década de siglo la tasa de ejecución en políticas de I+D+I rondaba el 90%. Desde 2009, cuando se registró el nivel máximo de inversión efectivamente ejecutada (6.675 millones de euros, un 81,6% de lo presupuestado ese año), se han venido desplomando tanto los presupuestos asignados a I+D+I, como su aplicación efectiva. De esta manera, en 2017 la inversión efectivamente ejecutada por el Subsector Estado (1.376 M€) es un 80% inferior a la observada en 2009 (6.675 M€).
La I+D+I es, además, con una diferencia significativa, la partida que menor tasa de ejecución presupuestaria registra entre las 25 principales políticas del Gobierno, siendo la única que en 2017 se situó por debajo del 30%. Le siguieron en menor porcentaje de aplicación las políticas de Comercio, Turismo y Pymes (38,6%) e Industria y Energía (63,1%).
En el otro extremo de la tabla, con tasas por encima del 90% de su presupuesto ejecutado, aparecen las políticas de Pensiones, la única en la que se ha ejecutado la totalidad de su presupuesto, Defensa (98,2%), Justicia (97,7%), Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias (95,4%) e Infraestructuras (91%).
El Gobierno aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, en el que se anuncia una partida de 7.044 millones de euros para I+D+I, un 8,3% más que el año anterior. El detalle de ese incremento se conocerá en los próximos días.
