La deuda pública de España no descenderá este año al 99,1% del PIB, como recoge la actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 remitido a Bruselas el pasado mes de abril, sino que repuntará hasta el 99,5% del PIB, lo que supondrá un nuevo incumplimiento de los compromisos adquiridos con la UE a sumar al del déficit público.
Así se recoge en el ‘Informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2016 de las Administraciones Públicas’ de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), presentado esta semana.
La cifra consignada en el Programa de Estabilidad ya suponía una revisión al alza del objetivo de deuda presentado junto al techo de gasto para 2016 en el Consejo de Ministros del pasado 15 de julio de 2015, hace ahora un año. En aquel momento la cifra se situó en el 98,5% del PIB.
«La previsión de deuda actualizada en el Programa de Estabilidad conlleva un incumplimiento del objetivo fijado en julio de 2015», recuerda en este sentido la AIReF, que añade que su previsión central para este año «se mantiene cercana al 100% del PIB y supondría un incremento respecto a la deuda pública de 2015 y el incumplimiento de los objetivos fijados en 2015 y de la previsión actualizada en el Programa de Estabilidad».
Atendiendo a la evolución de la deuda pública en lo que va de año, los datos del Banco de España indican que, a pesar de que el Tesoro Público ha rebajado considerablemente los tipos de interés de sus emisiones, incluso llegando a cobrar por emitir bonos a tres años, como ha ocurrido este jueves, la deuda subió en mayo en 9.932 millones, hasta los 1,088 billones de euros, marcando un nuevo máximo histórico (99,94% del PIB).
LA DEUDA ESPAÑOLA ES UN PROBLEMA
Más allá del peligro que supone para la economía española un nivel tan elevado de deuda pública, como miembro de la UE el problema es tan importante o más que el del déficit público.
Así, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, elaborada para ser garantía de cumplimiento del pacto de sostenibilidad europeo, establece un periodo transitorio hasta 2020 para alcanzar el límite de deuda del 60% del PIB.
En contra de este mandato, AIReF cree que, de acuerdo con la dinámica de la deuda pública hasta la fecha y en un contexto de inflación negativa, éste límite no se alcanzaría hasta el año 2035.
Las implicaciones de este incumplimiento pueden ser graves porque además del procedimiento de déficit excesivo en el que aún se encuentra, España también está inmersa en un menos conocido proceso de vigilancia por parte de Bruselas de los desequilibrios macroeconómicos, especialmente de la deuda pública, en cuya posición va mejorando, pero del que va a tardar mucho tiempo en salir.
Concretamente, España está siendo objeto actualmente de esta vigilancia a la par que Finlandia, Alemania, Irlanda, Holanda, Eslovenia y Suecia. Otros países de la UE se encuentran como Francia e Italia, no obstante, en una situación de desequilibrios excesivos, que España ya ha dejado atrás.
El reglamento comunitario indica que, una vez un país sale del procedimiento correctivo del déficit, del que España saldría previsiblemente en 2018, año para el que las previsiones de su programa de estabilidad ya debería fijar un déficit inferior al 3%, se activaría un procedimiento preventivo, muy estricto también.
Según este procedimiento, España tendría que rebajar su exceso de deuda pública a un ritmo del 5% anual, lo que supone unos dos puntos porcentuales.
No obstante, en este caso se tiene más en cuenta el ciclo económico y existen mayores flexibilidades, por lo que en caso, por ejemplo, de que la inflación se mantenga en niveles muy bajos, la Comisión Europea podría abrir algo la mano a la hora de exigir el cumplimiento.
En caso de que un país no cumpla tampoco esta senda de reducción de la deuda pública, podría enfrentarse a sanciones de hasta el 0,2% del PIB, igual a las que aún está por ver si la Comisión Europea impone a España por el incumplimiento del déficit en 2015.
