La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre refleja un positivo incremento de la ocupación en 36.600 personas respecto al trimestre anterior, situando la cifra total del empleo en el entorno de los 19,6 millones.
Este dato confirma la positiva evolución del empleo en el último trimestre del pasado año y se sitúa por encima de las previsiones existentes. En términos desestacionalizados, el crecimiento de la ocupación gana impulso, al aumentar un 0,91%, variación superior a la media registrada a lo largo del año (0,63%).
Con respecto al trimestre anterior, cabe destacar el aumento de la contratación indefinida (108.500), la aportación positiva de los empresarios sin asalariados y trabajadores independientes (62.700) y el crecimiento de la ocupación en el sector público (43.400), que compensó la caída entre los ocupados del sector privado (-6.900).
Por sectores, la caída de la ocupación en el sector servicios (-43.000) ha sido inferior a la registrada en el mismo periodo de años anteriores. Este hecho, junto a la favorable evolución del empleo en la construcción (39.800) y, especialmente, la agricultura (57.200), ha sido determinante en la evolución de la ocupación en el cuarto trimestre. Asimismo, cabe reseñar el desfavorable registro del empleo en el sector industrial, con una caída de 17.400 ocupados.
En términos anuales, el empleo ha crecido en 566.200 personas en los doce últimos meses, lo que supone una variación interanual del 2,98%. Este crecimiento se debió fundamentalmente al incremento de asalariados (531.000 personas), de los que más de dos terceras partes (68,5%) tienen un contrato indefinido.
Los ocupados por cuenta propia aumentaron en 34.700 personas, destacando entre este colectivo el descenso de los empresarios sin asalariados o trabajadores independientes.
El crecimiento del empleo se ha sustentado fundamentalmente en la positiva evolución del sector servicios durante el último año, aportando cerca del 75% del total del crecimiento de los ocupados. Se ha de destacar igualmente la aportación significativa del sector de la construcción al crecimiento del empleo, con un incremento de más de 130.000 ocupados en 2018. Por su parte, el debilitamiento del sector exterior ha condicionado el empleo en el sector industrial, que muestra una ligera contracción, (-0,11%) durante el pasado año.
Durante el cuarto trimestre de 2018, el número de parados disminuyó en 21.700 personas y se sitúa en 3.304.300. En los doce últimos meses, el paro ha disminuido en 462.400 personas, situándose la tasa de paro en el 14,45%, dos puntos porcentuales menos que en el mismo período del año anterior.
Estos resultados de la EPA del último trimestre del pasado año muestran una positiva evolución del mercado de trabajo, especialmente en términos desestacionalizados y consolidan un crecimiento del empleo ligeramente superior al de la actividad productiva.
Si bien en términos anuales la valoración es muy positiva en cuanto a creación de empleo y reducción de la tasa de paro, se ha de destacar especialmente la contribución al crecimiento del empleo del sector de la construcción y de los servicios, la consolidación del crecimiento de la contratación indefinida, la aportación del sector público y la recuperación de la ocupación entre los trabajadores por cuenta propia y, en particular, los empresarios asalariados o trabajadores independientes.
En términos de reducción del desempleo, se mantiene el impulso de los últimos años, si bien la necesidad de profundizar en la reducción de nuestra tasa de paro estructural, ante un contexto cíclico de ralentización de la actividad económica implica, por un lado, el mantenimiento de un marco político y regulatorio estable y la adopción de medidas de reformas estructurales sobre los mercados que continúen flexibilizando las condiciones en las que operan las empresas de menor dimensión.
En este contexto, la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el aumento de la presión fiscal y de cotizaciones sociales sobre las empresas y la insuficiente dotación de recursos destinados a políticas activas que se plantean en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales presentado por el Gobierno dificultarían la reducción de este desequilibrio estructural de la economía española.
