El Gobierno ha publicado este sábado, 25 de noviembre, en el BOE, el real decreto-ley que transpone la Directiva europea de información no financiera (2014/95/UE del 22 de octubre de 2014) que obliga a las entidades de interés público, de más de 500 empleados, a divulgar información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa (RSC).
El objetivo de la norma es contribuir a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. En sus informes, las empresas deberán incluir cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas a la gestión de personas, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción, el soborno y la diversidad.
De esta forma, el real decreto-ley modifica la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Comercio, y asigna al auditor de cuentas la responsabilidad de comprobar si se cumple con estos nuevos requisitos de información en el informe de gestión. Las empresas tendrán que presentar esta información este año y aprobarla por su Consejo de Administración antes del 30 de marzo.
La Comisión Europea optó por impulsar la publicación de información sostenible incorporando su obligatoriedad, modificando las Directivas de reporting no financiero en lugar de utilizar una norma específica de responsabilidad social.
De acuerdo con la Directiva 2014/95/UE se debe incluir una descripción de los riesgos, las políticas y los resultados vinculados a esas cuestiones y someterlos a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión o, en su caso, en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.
El plazo de presentación es la novedad en las empresas obligadas a presentar este nuevo requerimiento. La Directiva establecía supuestos en los que las compañías disponían de seis meses para publicar la información. Sin embargo, el Gbierno ha optado por eliminar esta posibilidad en el real decreto-ley.
Antes de la obligatoriedad que establece este real decreto-ley, el 87% de las cien mayores compañías en España ya realizan informes separados con este contenido. Un formato de información corporativo que sigue en su gran mayoría estándares internacionales para reflejar, de una nueva forma, la manera en la que las empresas crean y distribuyen valor.
