El paro registrado aumentó en 83.464 personas el pasado mes de enero, lo que representa el mayor incremento para este mes desde el año 2014. De esta forma, el total de parados registrados se sitúa en 3.285.761, según los datos difundidos hoy por el ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
La caída del empleo en el mes de enero ha afectado a todas las Comunidades Autónomas y a todos los sectores. Por territorios, los mayores incrementos del paro se han registrado en Andalucía (19.996 parados más); Madrid (11.308) y Comunidad Valenciana (9.369).
Por sectores de actividad, cabe destacar el mayor incremento del paro en los sectores de comercio, hostelería y actividades administrativas.
La afiliación a la Seguridad Social ha caído en 204.865 ocupados, la mayor caída para un mes de enero desde 2013. La cifra total de ocupados se sitúa en 18.819.300.
En términos interanuales, el número de cotizantes se ha incrementado en 537.269, destacando el buen comportamiento del Régimen General (496.562 cotizantes más, lo que supone un incremento del 3’1%).
En cuanto a la contratación, el número de contratos registrados en enero ha ascendido a 1.858.077, un 6’18% más que en enero de 2017, si bien el ritmo de contratación indefinida ha sido menor, (181.348 contratos), con un incremento del 4’85% respecto del mismo mes del año anterior.
Los datos de paro del mes de enero reflejan la esperada ralentización en la creación de empleo, acorde con la moderación de la actividad económica y, pese a que enero es un mes tradicionalmente malo por el fin de la campaña navideña, resultan preocupantes, ya que registran niveles de destrucción de empleo no registrados desde hace cinco años.
CEPYME advierte, en este sentido, de los efectos negativos sobre la creación de empleo de medidas que repercuten en el incremento de costes y que penalizan la actividad productiva y la generación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, responsables del 75% del empleo en nuestro país. Asimismo, recuerda que es urgente abordar las reformas estructurales pendientes, impulsar políticas de apoyo a la actividad productiva y abordar nuevas medidas de modernización del sistema laboral, en el marco del diálogo social entre el Gobierno y los interlocutores sociales.
