La implementación en China de un Sistema de Crédito Social Corporativo (SCSC), que estará completamente en vigor en 2020, con el que Pekín pretende controlar mediante la asignación de puntos positivos y negativos el acceso de compañías extranjeras al gigantesco mercado chino, «podría significar la vida o la muerte de las empresas», ha advertido la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, el lobby que defiende los intereses de las firmas europeas que operan en el país.
El sistema de créditos sociales es parte de los profundos cambios introducidos por el Gobierno chino en el acceso al mercado del gigante asiático con el fin de garantizar que solo las empresas que demuestren ser confiables puedan operar en el país.
De este modo, mediante puntuaciones positivas y negativas en temas específicos como impuestos, aduanas, protección ambiental y calidad del producto, el nuevo sistema evalúa el comportamiento de las empresas.
«El Sistema de Crédito Social Corporativo de China es el intento más concertado de cualquier Gobierno de imponer un mercado autorregulador, y podría significar la vida o la muerte de empresas individuales», ha declarado Jörg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China.
Según el lobby empresarial europeo, el nuevo sistema cubre prácticamente todos los aspectos del negocio de una empresa en China, precisando que una multinacional está sujeta en el país a unas 30 calificaciones regulatorias y registros de cumplimiento, que se calculan en función de un conjunto de requisitos. «En total, una multinacional puede ser calificada en función de unos 300 requisitos», apunta.
Los participantes del mercado que infrinjan dichos requisitos recibirán calificaciones negativas y, en los casos más graves, serán incluidos en una «lista negra». De este modo, cuantas más puntuaciones negativas tenga una empresa, más restricciones a sus actividades comerciales experimentará.
Estas restricciones no se limitan simplemente a multas, sino que también incluyen tasas de inspección más altas y auditorías específicas, la exclusión de políticas preferenciales (subsidios y reembolsos de impuestos) o restricciones para la contratación pública y en el peor de los casos pueden llegar a impedir que una empresa invierta y participe en el mercado chino hasta que no recupere su crédito y sea eliminada de la lista.
El levantamiento de las barreras físicas y administrativas para el acceso al mercado chino puede explicarse, al menos en parte, por la creciente confianza de Pekín «en su capacidad para influir en las empresas, tanto extranjeras como chinas, de una manera más matizada», sostiene la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China.
