El Pleno del Congreso de los Diputados convalidará este jueves, en la que previsiblemente será la última sesión de la legislatura, el decreto ley de renovación del Programa de Activación para el Empleo –la ayuda a parados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado sus prestaciones– y del Plan Prepara, que tendrán un coste aproximado de 361 millones de euros entre 2016 y 2017, según los cálculos del Gobierno.
El pasado 15 de abril el Consejo de Ministros aprobó esta norma para prorrogar la ayuda de 426 euros prevista para los parados de larga duración con cargas familiares y también para reducir del 20% al 18% el umbral a partir del cual el Prepara no se renovará de forma automática.
Ahora, el decreto recibirá luz verde del Pleno de la Cámara Baja, gracias al previsible respaldo que recibirá de los grupos mayoritarios, que coinciden en la necesidad de renovar estas ayudas para atender las necesidades de los parados pero que consideran en algunos casos que deberían modificarse sus requisitos.
DIFERENTES PROPUESTAS
Así, el PSOE defiende por ejemplo la necesidad de prorrogar el Plan Prepara pero modificando requisitos de acceso como, por ejemplo, el que exige haber sido previamente preceptor del Prodi, el Prepara o la Renta Activa de Inserción (RAI), o haber sido despedido del trabajo antes de agotar algunas de esas prestaciones.
Además, los socialistas creen que para poder acceder a la subvención la contratación debe ser de 180 días y a tiempo completo, y que las causas de baja en el programa tendrían que ser las mismas que en la RAI, reestableciendo además el procedimiento administrativo común en casos de carencia de documentación y no haciendo recaer en el demandante la no asignación de un tutor o la no elaboración del itinerario personalizado de inserción.
En la misma línea, En Comù Podem –la confluencia de Podemos en Cataluña– reclama que se contraste la información disponible sobre solicitantes del Programa de para saber cuáles son las posibles causas de la baja participación en el programa, que se evalúe de forma «exhaustiva» su diseño para «rectificar los errores» y que se revisen los criterios y filtros existentes para facilitar el acceso a la ayuda económica y laboral prevista.
Por su parte, Ciudadanos propone que el Plan Prepara se prorrogue de forma automática mientras la tasa de ocupación no llegue al 75% para la población de entre 20 y 64 años según la Encuesta de Población Activa (EPA), en lugar de referenciar su vigencia a la tasa de paro.
300 MILLONES DE EUROS PARA EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN
En cualquier caso, ante la ausencia de Gobierno en los próximos meses ambos programas mantendrán sus actuales condiciones lo que supone un coste, según la memoria de impacto que acompaña al decreto ley, de 300 millones de euros para beneficiar a 118.000 personas al prorrogar doce meses el Programa de Activación para el Empleo, de los que 160 millones se pagarán a lo largo de este ejercicio y los restantes 140 millones, el año que viene.
Por su parte, la decisión de reducir en dos puntos el umbral de paro a partir del cual dejará de renovarse automáticamente el Plan Prepara supondrá un coste aproximado de 61 millones de euros que ya están previstos en los Presupuestos de este año y que permitirán la concesión de 27.900 nuevas ayudas entre un total de 107.836 beneficiarios.
En cuanto al coste en cargas administrativas de estas dos medidas, el Gobierno estima en su documento, al que ha tenido acceso Europa Press, que ascenderá a casi 56.500 euros, de los que 29.500 euros corresponderán a la tramitación de las solicitudes del Programa de Activación para el Empleo y los 27.000 restantes al Prepara.
Y es que en ambos casos la solicitud de incorporación al programa tiene un coste de 80 euros, la comunicación de acreditación al BAE son otros 30 euros, la visita para acreditación suma 80 euros adicionales, mientras que las comunicaciones de las variaciones cuestan 30 euros, lo mismo que las comunicaciones de contratación al tutor.
PROGRAMA «EFICAZ»
El decreto ley de renovación del Programa de Activación para el Empleo mantiene las mismas condiciones para acceder a la ayuda de 426 euros y al itinerario de recualificación profesional, y únicamente prorroga su vigencia hasta el 15 de abril de 2017 y actualiza al 1 de enero de 2016 la fecha límite de inscripción como demandante de empleo.
Según datos del Ministerio de Empleo, entre el 15 de enero de 2015 y el 31 de marzo pasado se beneficiaron de este programa, acordado por Gobierno y agentes sociales hace casi año y medio, un total de 161.583 desempleados de larga duración, de los que 99.410 cobraron la ayuda de 426 euros.
Unas cifras que avalan la «eficacia del programa», según señala la memoria, en la que se justifica no obstante que la prórroga es «necesaria» por las condiciones laborales que persisten en el país. Además, Empleo cree que dado que las herramientas de activación por parte de las comunidades autónomas «ya están consolidadas» cabe esperar «mejores resultados» en este nuevo tiempo.
