El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley por el que se da luz verde a la prórroga por un año del Programa de Activación para el Empleo (PAE) dirigido a la reinserción laboral de los parados de larga duración con cargas familiares que han agotado todas las prestaciones y subsidios, y que contempla una ayuda de 426 euros mensuales para sus beneficiarios.
Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha decidido prorrogar el programa, que entró en vigor el 15 de enero de 2015 y finalizaba este viernes su vigencia, tras realizar la evaluación correspondiente.
No obstante, la continuidad del programa no incluye la modificación de los requisitos de acceso al plan, tal y como venían demandando los sindicatos.
Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a fecha de 31 de marzo de 2016 se ha atendido a través de este programa a un total de 161.583 desempleados de larga duración. Además, se han beneficiado de la prestación económica de 426 euros casi 100.000 personas (99.410).
De igual forma, un 16% de los beneficiarios de la prestación han sido insertados en el mercado laboral (15.212), con datos de febrero. A su vez, el porcentaje de colocaciones sobre beneficiarios alcanza el 23% de media, superándose el 30% en algunas comunidades autónomas.
El programa incluye como novedad la posibilidad de compatibilizar la prestación con la remuneración recibida al trabajar por cuenta ajena, con el fin de facilitar la inserción de un colectivo con especiales dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Así, el 87% de las personas contratadas, acogidas a la compatibilidad, han mantenido su empleo tras finalizar el programa.
Por su parte, los sindicatos han denunciado el «escaso alcance» del programa al beneficiar apenas a 105.000 personas frente a las 400.000 potencialmente beneficiarias, si bien, desde el Gobierno, el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, valoró como un «éxito colectivo» el programa.
Desde CC.OO. y UGT han criticado en las últimas semanas que el Gobierno no les convocase con anterioridad para evaluar el programa, y han insistido en la necesidad de prorrogar y modificar los requisitos de acceso al mismo ante los más de 4 millones de desempleados inscritos en las oficinas públicas de empleo, de los que más del 43% son parados de larga duración.
Asimismo, han criticado que de los 850 millones presupuestados para 2015 para desarrollar esta ayuda solo se haya ejecutado el 19% (160 millones), por lo que han exigido conocer a qué se ha destinado el remanente de unos 690 millones sin gastar. Para 2016 el Ejecutivo tenía presupuestados otros 350 millones de euros hasta este viernes.
REQUISITOS DE LA AYUDA
Para poder solicitar La ayuda, los desempleados de larga duración deben haber tenido un empleo anterior, buscar activamente un puesto de trabajo, y haber consumido las prestaciones del Prepara, Prodi o la Renta Activa de Inserción al menos seis meses antes de pedir la ayuda.
Asimismo, para poder beneficiarse de esta prestación, los solicitantes deben tener responsabilidades familiares y estar inscritos como demandantes de empleo a 1 de diciembre de 2014 (deben haberlo estado al menos durante 12 meses durante los 18 meses anteriores).
Sólo se pueden beneficiar del programa quienes hayan perdido su último empleo de forma «involuntaria». Los beneficiarios deben suscribir en el momento de la solicitud un compromiso de actividad en virtud del cual realizarán las acciones que determinen los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación que actúen en colaboración con ellos.
Según este compromiso de actividad, durante el primer mes los beneficiarios deben llevar a cabo una búsqueda activa de empleo, realizar a través de los servicios de empleo un itinerario personalizado de inserción, y tener un tutor individual. Durante el tiempo que se recibe la ayuda, no se pueden rechazar las ofertas de empleo consideradas «adecuadas» y se debe participar en los cursos de formación y acciones de activación a las que el desempleado sea convocado.
