La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley presentada por Podemos para instar al Gobierno a cambiar el Código Penal en aras a reducir el umbral a partir del que un fraude fiscal se considera delito de los actuales 120.000 euros a 50.000 euros.
La iniciativa ha contado con el respaldo de los diputados de PSOE, Podemos, ERC, Democracia y Libertad (DL), el PNV y el Grupo Mixto, mientras que Ciudadanos ha optado por la abstención y el PP ha votado en contra del texto.
En concreto, con la iniciativa se pide dar una nueva redacción a los artículos 305 y 308 del Código Penal, relativos a fraude fiscal y fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas públicas, para bajar a 50.000 euros la cuantía defraudada constitutiva de delito, igualándola al umbral que ya rige para el fraude a la hacienda de la UE o a la Seguridad Social.
Además, se ha incluido una enmienda del PSOE para eliminar el artículo 307 ter de la norma, aprobada en 2012, que introdujo penas de prisión de seis meses a tres años para trabajadores, pensionistas y parados que defrauden a la Seguridad Social. Igualmente, se piden datos sobre los delitos fiscales denunciados el año pasado y la deuda media descubierta en cada expediente.
REFORMA URGENTE
En pleno «escándalo» por los llamados papeles de Panamá, la diputada de Podemos Sara Carreño ha señalado que ésta es una reforma «urgente», porque el fraude fiscal «priva al Estado de 60.000 millones de euros al año» mientras se siguen haciendo recortes al Estado del Bienestar.
«El Código Penal ha de ser ajustado a las nuevas necesidades y cambios de la sociedad», ha insistido la diputada, que cree que hace falta una revisión «profunda» de todos los delitos fiscales, empezando por esta propuesta.
Por su parte, la socialista María Mercè Perea está «totalmente de acuerdo» con la iniciativa, y ha recordado que este texto coincide con la postura que el PSOE mantuvo en 2012, durante los debates sobre la reforma del Código Penal, cuando rechazó las penas de cárcel para unas conductas «merecedoras de reproche social pero que en ningún caso pueden generar un reproche penal».
Así, ha criticado la «falta de voluntad» del PP durante la pasada legislatura para luchar contra este «alien del Estado que es el fraude fiscal y la corrupción». «Ésta es una asignatura que no puede quedar pendiente si pretendemos una mayor equidad en nuestra sociedad», ha añadido.
HAY QUE IR MÁS ALLÁ
El diputado de Ciudadanos José Luis Martínez recuerda, sin embargo, que la diferencia entre el delito y la infracción administrativa «no depende en exclusividad de la cifra» desviada sino que debe tener un «componente defraudatorio» más allá de causar un perjuicio a la Hacienda pública.
Considera igualmente que hace falta una reforma del Código Penal «más ambiciosa» y «que vaya más allá» de esta propuesta, y recuerda que el acuerdo entre Ciudadanos y PSOE incluye propuestas en este sentido de «mayor profundidad».
Finalmente, el diputado ‘popular’ Jaime Olano ha ofrecido un cambio en la proposición no de ley para pedir al Gobierno que estudie la posibilidad de modificar los artículos 305 y 308 del Código Penal de forma «serena» en lugar de «andar parcheando la legislación», con un cambio parcial ahora y una revisión de todo el título más adelante, con la única intención de «tener un buen titular mañana en los periódicos o un segundito o dos en los telediarios».
Además, ha recordado que el umbral económico de los delitos es sólo «uno de los elementos determinantes» en el Código Penal para luchar contra el fraude, pero que también se deben estudiar «detenidamente» otros elementos como las penas, la posibilidad de introducir nuevos tipos o los tiempos de prescripción.
