El Consejo General de Economistas (CGE) de España reclama reformas «de calado» en la Ley Concursal, ya que persiste una situación de «atonía» concursal, pese a que el borrador del texto refundido de la ley mejora la interpretación de la norma, si bien se pregunta si dicho borrador es susceptible de un recuro de inconstitucionalidad.
Así lo señala el CGE en una nota, tras haber analizado, a través de su órgano especializado en economía forense (Refor), las estadísticas de procedimiento concursal publicadas por el INE, que reflejan que en tasa interanual suben los concursos de acreedores de sociedades un 4%, pero bajan los concursos de personas físicas un 3,3%.
El presidente del CGE, Valentín Pich, considera que la disminución en el número de concursos de personas físicas puede deberse a que «es necesario introducir reformas en los mecanismos de segunda oportunidad». Además, el 81% de las empresas concursadas son sociedades limitadas. El 32,9% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros).
En cuanto al seguimiento de la evolución de otras variables concursales, como los acuerdos de refinanciación homologados y pagos del Fogasa, el presidente del Refor, Alfred Albiol, ha señalado que los acuerdos de refinanciación homologados han aumentado un 33% en marzo de 2019 frente al mismo mes de 2018, aunque en el trimestre desciende un 14%, frente al alza del 38% del mismo periodo en 2018.
Por lo que se refiere a los pagos del Fogasa, en el primer trimestre han disminuido un 6%, pero la ratio que los compara con el número de concursos de acreedores permanece en cifras similares a 2018, incluso con un incremento del 5%, lo que indica que «sigue existiendo una bolsa de insolvencias de empresa de economía sumergida que no se resuelven a través del procedimiento concursal».
REFORMAS EN LA LEY CONCURSAL
De esta forma, el CGE reclama reformas en la Ley Concursal, que pasarían por una definición de insolvencia más de tipo económico-contable; limitar y reducir los privilegios de los créditos públicos e incluir medidas que contribuyan a fomentar las operaciones de venta de unidades productivas.
También pide modificaciones en la segunda oportunidad, para que sea más sencilla, la revisión de los reducidos honorarios del mediador concursal y el posible planteamiento de un turno de oficio en segunda oportunidad.
Igualmente, aboga por volver a incluir a los profesionales economistas, titulados mercantiles, auditores y abogados como operadores en la Ley Concursal por principio de legalidad. «La deslegalización profesional de la Ley Concursal introduce una gran inseguridad por la imposibilidad de comprobación de la experiencia de los profesionales que gestionan el concurso», denuncia.
Otras peticiones son la modificación en la fase de liquidación, con plazo de doce meses en general y de seis meses en los procedimientos abreviados, es excesivamente corta; la obligatoriedad y «urgente aplicación» del sistema Lexnet de comunicación electrónica y trabajar por evitar la imagen del concurso o fase preconcursal como «estigma», e incrementar el número de juzgados de lo mercantil en determinadas áreas.
En cuanto al borrador del texto refundido de la Ley Concursal que se sometió a audiencia pública en abril 2019, el Refor del CGE considera que se ha procedido a realizar una refundición en sentido amplio, y, en determinados casos, ha podido ir «más allá de su cometido», pues se crea nuevo contenido.
Por ello, se le plantea la duda de si el texto pudiera ser, en determinados contenidos, susceptible de un posible recurso de inconstitucionalidad, por lo que cree que el instrumento más adecuado para introducir estos cambios sería una nueva Ley Concursal.
