La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha mostrado su apoyo a las medidas tomadas por el Gobierno de España para detener la expansión del COVID-19, que incluyen restricciones a la circulación de personas y cierre o disminución de actividad en la mayoría de sectores, según la normativa publicada tras decretarse el Estado de Alarma.
“Siempre hemos defendido que lo primero es la salud de las personas, y si las Autoridades Sanitarias han concluido que esta es la mejor forma de detener los contagios, CREEX lo apoya sin reservas y se pone a disposición para colaborar en lo que sea posible”, ha explicado Javier Peinado, secretario general de la CREEX.
Desde este compromiso de lealtad, la organización más representativa del empresariado extremeño también ha reclamado reciprocidad por parte de toda la sociedad y del Estado, “y que se tenga en cuenta que este cese o restricción de actividad va a golpear duramente a nuestras empresas, a nuestros autónomos, y esto exige medidas mucho más eficaces que las anunciadas hasta este momento”, ha asegurado Peinado.
Según ha añadido, “en territorios como Extremadura, donde la casi totalidad del tejido productivo está constituido por microempresas y autónomos, cuya capacidad de maniobra es muy limitada, y además con un gran peso del sector servicios, limitarse a un aplazamiento de seis meses en los impuestos, con exención de intereses de demora los tres primeros, no es eficaz, no soluciona nada, porque la escasa población marca, además, que cuando pase esta crisis, la demanda interna no va a paliar en modo alguno las pérdidas que ahora se sufran”.
Por ello, “y si no se quiere que, tras este periodo crítico, el tejido productivo extremeño presente daños imposibles de reparar, con cierres, despidos y bajas de autónomos”, el Gobierno central tiene que ir mucho más allá en su apoyo económico.
Así, el secretario general de la CREEX ha exigido “que se haga caso a CEOE, CEPYME y sindicatos y se promulgue ya una norma que agilice y simplifique los ERTE, con efectos retroactivos, porque el caso de fuerza mayor ya está más que acreditado”.
Además, durante el tiempo que dure el Estado de Alarma, ha reclamado:
- Suspensión (que no aplazamiento) del pago de impuestos de empresas y autónomos
- Suspensión (que no aplazamiento) del pago de cotizaciones por parte de las empresas que se han visto obligadas a cesar su actividad
- Suspensión (que no aplazamiento) de las cotizaciones sociales de los autónomos afectados, abono de bajas desde el primer día y prestaciones por cese temporal de negocio
- Línea de crédito de concesión rápida a coste cero
- Abono inmediato de las facturas pendientes por parte de la Administración, haya o no haya transcurrido el plazo máximo marcado por la Ley de Morosidad
- Abono inmediato de las devoluciones de impuestos aún pendientes
“El Gobierno tiene que ser consciente de lo que espera tras este periodo de crisis, que deseamos termine lo antes posible, y que sepa que de no tomarse medidas más contundentes y eficaces a favor del tejido productivo, sobre todo de las pymes, microempresas y autónomos, cuando pase esta crisis una buena parte de ese tejido productivo habrá quedado en Extremadura seriamente dañado, sin posibilidad de recuperación a medio plazo”, ha señalado Javier Peinado.
El mero aplazamiento durante seis meses del pago de impuestos, con carencia de intereses durante los tres primeros, es, a su juicio, como tratar de evitar que se hunda un barco tapando la grieta en el casco con un dedo. “¿Cómo pretende el Gobierno que se paguen los impuestos acumulados de seis meses en los que no se ha facturado? ¿Cómo pretende que se abonen las cotizaciones sociales si los negocios están cerrados? ¿Cómo pretende que sobrevivamos sin ingresos y sin que se nos paguen las facturas atrasadas de la propia Administración?”, se ha preguntado el secretario general de la CREEX.
Finalmente, Javier Peinado ha mostrado la adhesión del tejido productivo extremeño a las reclamaciones realizadas por CEOE y CEPYME, cuyo contenido puedes leer en este enlace.
