En el periodo enero-abril de 2019, las Administraciones licitaron obras en Extremadura por importe de 336,5 millones de euros. Entre enero y abril de 2020, esta licitación no ha llegado a los 63 millones de euros. Un desplome del 81,6%, el mayor de toda España y casi el doble de la media nacional, que cayó un 43%.
Por Administraciones, la Central licitó en Extremadura entre enero y abril de este año por valor de 20,6 millones, la Autonómica por 27,9 millones (cero licitaciones en marzo y abril) y la Local por 13,4 millones (cero en abril), mientras que en el primer cuatrimestre del año pasado las cifras fueron de 227,9 millones para la Administración Central, 31 millones para la Autonómica y 77,7 millones para la Local.
Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) se ha reclamado que de manera inmediata se reactiven los concursos de obra civil y edificación “especialmente por parte de la Administración Central” donde la licitación ha caído un 91% en la región.
Según ha señalado el Secretario General de la CREEX, Javier Peinado, “no es de recibo que la licitación pública estatal se desplomase en los meses de enero y febrero, no solo con el Estado de Alarma”, y ha añadido: “la obra pública, y más en las actuales circunstancias es un factor de generación de actividad y empleo que debe impulsarse, no retraerse hasta el extremo, y además, en el caso extremeño lo que se está contribuyendo es a abrir aún más la brecha, casi abismo, que hay entre dotación de infraestructuras públicas, sobre todo de transportes y comunicaciones, entre nuestra región y el resto de España, y eso no es tolerable».
Peinado ha recordado que hay sobre la mesa proyectos para Extremadura “que el Gobierno central debe acelerar, no frenar, como el tren de altas prestaciones, la red ferroviaria convencional y las autovías con Levante, Córdoba y Huelva, por citar solo algunos compromisos que no se están ejecutando al ritmo que debieran o no se están ejecutando en absoluto”.
MÁS CONTRATOS MENORES POR OBLIGACIÓN LEGAL
Por otro lado, pero relacionado con la contratación pública, la aplicación de las nuevas normativas nacionales se refleja en el aumento de los nuevos contratos menores adjudicados por la Junta de Extremadura en el último trimestre de 2019, y que se recogen en el Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma.
Concretamente, y en virtud de una instrucción de la Intervención General, se aplica la obligación de inscripción en el citado registro de los contratos menores superiores a 3.000 euros (IVA excluido) que se recoge en la Ley 12/2018 de 28 de diciembre de contratación pública socialmente responsable de Extremadura.
Igualmente, y según lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, solo se excluyen de comunicación al registro los contratos menores de 5.000 euros (IVA incluido), siempre que su abono se realice mediante el sistema de anticipos de caja fija u otro similar para pagos menores.
Hay que tener en cuenta, además, que la ley 9/2017 generaliza el sistema de lotes como medida para favorecer a las pymes, lo que conlleva que cada uno de los lotes tenga su propio contrato y se registre con un número de contrato diferente.
En cifras globales, durante el año 2018, se realizaron un total de 20.721 contratos menores por importe de 191 millones de euros y, en el ejercicio de 2019, se suscribieron 120.403, por valor de 300 millones de euros.
En cuanto a los contratos menores inscritos en el Registro de Contratos, en el primer trimestre de 2019, se incluyeron 7.095 contratos menores por importe de 62 millones de euros; mientras que, en el mismo periodo de 2020, esta cifra ascendió a 86.000 por valor de 128 millones de euros.
Este incremento se debe, principalmente, a que el Servicio Extremeño de Salud (SES) no tiene establecido un sistema de anticipos de caja fija, de manera que ha inscrito un número muy alto de contratos con importes inferiores a 3.000 euros que antes no se incluían en el registro y que, en su mayor parte, son relativos a gastos de farmacia adjudicados en 2019.
La aplicación de estos nuevos criterios, si bien aumenta el número de contratos menores registrados, logra que confluyan los datos de los mismos en el Registro de Contratos con los que se han de enviar al Tribunal de Cuentas y con el detalle que anualmente se recoge en la Memoria de las cuentas del SES.