El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una proposición no de ley que insta al Gobierno a establecer un régimen sancionador con el que endurecer la Ley de Morosidad y «combatir el retraso intencionado de los pagos».
Además de instar al Gobierno al establecimiento de sanciones, el texto finalmente aprobado incluye exigir «a los grandes contratistas» en las licitaciones públicas «una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago con las empresas que subcontraten».
Por último, la iniciativa pide llevar a cabo campañas divulgativas específicas «para concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales para un funcionamiento más eficiente de nuestra economía».
