El futuro del transporte de viajeros no debe estar condicionado únicamente por el precio

Confebus pide a los partidos políticos actuaciones decididas contra la morosidad y licitaciones transparentes y equilibradas

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Actualizado 04 | 06 | 2016 11:33

La Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS) CONFEBUS, ha elaborado de cara a las próximas Elecciones Generales del 26 de junio, un conjunto de Propuestas Empresariales de Viajeros por Carretera que serán remitidas a los diferentes grupos políticos. Entre estas propuestas, destacan:

  1. La morosidad de las Administraciones no es un fenómeno nuevo, se hace necesario, por tanto, establecer nuevos mecanismos que erradiquen estas malas prácticas, que a lo único que contribuyen es a la destrucción de empresas y empleo.
  1. Licitaciones Públicas: Especial preocupación para el sector son las licitaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Públicas de cualquier tipo deservicio de transporte de viajeros, por la importancia que tienen para elfuturo, al definir el modelo de empresa.

Las licitaciones deben ser concurrentes, transparentes, equitativas y equilibradas. Pero los actuales modelos no logran el objetivo de conseguir la mejor relación entre los atributos que componen el servicio de transporte, la calidad, la seguridad, la innovación y el precio; generan importantes riesgos de incumplimientos a futuro en los contratos adjudicados y, por ende, la insatisfacción de los clientes.

El futuro del transporte de viajeros, y máxime cuando estamos contemplando el cumplimiento de Obligaciones de Servicio Público, no debe estar condicionado únicamente por el precio. Hay multitud de atributos que deben tener un mayor peso en los criterios de valoración de cara a la adjudicación de los contratos. Los servicios de transporte en autobús son ya de por sí muy económicos, por lo que en las licitaciones debe primarse la sostenibilidad desde el punto de vista social, medioambiental y económico, destacando siempre la seguridad, la innovación y la calidad.

Tal y como se están llevando a cabo las licitaciones para la adjudicación de todo tipo de contratos de transporte, basadas fundamentalmente en las bajadas tarifarias (subastas), están provocando cambios en las estructuras del sector y a futuro supondrá una pérdida de valor y, como consecuencia, la innecesaria precariedad en la prestación de los servicios de transporte al cliente.

Para evitar esta situación, es necesario que el sistema de bajas temerarias funcione correctamente, mediante la inclusión en las licitaciones de los correspondientes anteproyectos técnico-económicos y la obligación de presentar por parte de los licitadores los estudios de demanda y costes que soportan las ofertas presentadas, como elementos fundamentales para determinar las temerarias y establecer los criterios objetivos de exclusión de las mismas.

  1. Se hace necesaria la creación de un marco normativo de financiaciónde los servicios de transporte público deficitarios como los urbanos, cercanías o rurales, que asegure a autoridades, operadores y usuarios los medios necesarios para prestar un servicio que adquiere una dimensión social, ya que integra a colectivos y territorios.

La citada Ley debería atender, por un lado, la homogenización de los criterios de financiación de todos los servicios deficitarios de transporte de viajeros sometidos a Obligaciones de Servicio Público, como existe en otros países de nuestro entorno, e incrementar la financiación procedente de otros agentes que se benefician de la existencia de los servicios de transporte público.

  1. Promover la externalización de la gestión de todas las empresas de transporte de viajeros (EMTs, Metros, RENFE…), ya que los costes de operación son muy inferior en las empresas privadas, lo que permite liberar recursos de las administraciones. Además, es imprescindible y urgente la separación de RENFE del Ministerio de Fomento como organismo regulador y su adscripción a la SEPI.
  1. Regulación de la Economía Colaborativa: La mal llamada economía colaborativa en el transporte, no es más que economía, y supone ya más del 50% de la oferta de transporte de viajeros por carretera en los días punta de demanda en determinados trayectos.

El uso de estas plataformas electrónicas para ofertar servicios de transporte público utilizando vehículos particulares con la justificación de que se comparten los gastos del viaje, no es consumo colaborativo, porque lo que realmente hacen son labores de intermediación en el transporte, cobran por ello y los servicios no se corresponden con la definición de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de transporte privado.

Toda la regulación de transporte en vigor tiene como principales objetivos la seguridad y la calidad de los servicios, preservar la leal competencia y garantizar los derechos de los pasajeros, normas que no son aplicadas en la actividad desarrollada por estas plataformas. Es preciso que se reforme la legislación para regular estas nuevas formas de movilidad, con similares normas y obligaciones que los actuales operadores.

  1. Establecimiento de políticas que favorezcan el equilibrio intermodal y que brinden mayores réditos a la sociedad por la vía de una competencia más justa y/o una complementariedad más eficaz. Entre ellas, la rectificación de políticas tarifarias distorsionadoras (como la instrumentada en los servicios ferroviarios de larga distancia: AVE y Alvia) y una modernización equilibrada de las infraestructuras de las que depende crucialmente el autobús para un desempeño eficiente de sus actividades (carriles BUS VAO y Estaciones de Autobuses)
  1. Promulgación de una Ley de Huelga en los servicios públicos y una normativa más clara y vinculante para el establecimiento de los servicios mínimos en el transporte público y en lo relativo a las consecuencias previstas en ausencia de dicho cumplimiento.
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