CEOE y CEPYME queremos alzar de nuevo la voz en contra de la aprobación del proyecto de Ley para la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas a la semana, por los graves perjuicios que va a ocasionar al tejido empresarial y, en consecuencia, a la economía y el empleo.
Queremos advertir de que estos cambios que se pretenden introducir tendrán un impacto directo, no solo en las empresas, sino también en la vida de los ciudadanos en forma de peor oferta de bienes y servicios o de un aumento de sus precios.
Producir lo mismo y al mismo precio en menos tiempo o con mayores costes va a ser muy difícil o, en muchos casos, imposible si se quiere mantener la viabilidad de nuestras empresas y de nuestras plantillas.
Hacemos un llamamiento a los partidos políticos para que frenen esta medida tan lesiva para las empresas españolas, pero también para que los ciudadanos sean conscientes del verdadero impacto que tendrá una reducción de la jornada por la vía legal y al margen de la negociación colectiva.
Además, no podemos dejar de denunciar que la memoria de impacto normativo elaborada por el Ministerio de Trabajo, mientras admite un incremento de costes cercano al 7% para las empresas, perfila una realidad sesgada de la situación de sectores como la Agricultura, Ganadería y Pesca, la Hostelería y el Comercio, muy afectados por la medida, al igual que otros, para asegurar que ésta es asumible. Este ejercicio hurta a la ciudadanía la posibilidad de tener una visión más real y crítica de esta medida.
Por ello, CEOE y CEPYME damos voz al clamor empresarial que viene tiempo advirtiendo de las consecuencias de la reducción de la jornada laboral por esta vía y reiteramos nuestro rechazo a la manipulación del Ministerio de Trabajo para justificar una medida que es fruto de un acuerdo meramente político y, también, a la intervención que supone, de nuevo, en la negociación colectiva.
Defensa de los sectores señalados
En la línea habitual de estigmatización de la empresa, la memoria de impacto del Ministerio de Trabajo señala a los sectores de Agricultura, Ganadería y Pesca, Hostelería y Comercio, asegurando que tienen capacidad suficiente para sobrellevar una reducción de jornada.
Sin embargo, la realidad de estos ámbitos es otra. Se trata de sectores con una gran tradición y actividad en materia de negociación colectiva y, además, de actividades especialmente afectadas por la escasez de perfiles profesionales.
Así, según la encuesta de Costes Laborales del INE, la Hostelería tiene en torno a 8.500 vacantes sin cubrir, mientras que en el Comercio la cifra se dispara hasta las casi 13.000. Si a eso sumáramos jornadas de trabajo más reducidas y no acordadas en la negociación colectiva, el perjuicio sería muy importante.
El Ministerio de Trabajo no tiene en cuenta que el tejido empresarial y el empleo están sufriendo mucho en estos ámbitos, en particular, en el caso de las empresas más pequeñas, las más afectadas por la reducción de jornada.
Entre los años 2019 y 2024, el tejido empresarial solo ha crecido un 0,1%, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En ese periodo, el número de empresas de entre 1 y 9 trabajadores se ha reducido un 1,4%.
Esta caída se amplía hasta el 1,6% en la Hostelería, al 4,8% en la Agricultura, Ganadería y Pesca y al 7% en el Comercio. Sumando estos tres sectores, se han quedado por el camino unas 25.500 empresas en los últimos cinco años.
En términos de empleo, según datos de Trabajo, el empleo ha crecido un 14% en el total de la economía entre 2019 y 2024. Sin embargo, en las empresas de entre 1 y 9 trabajadores de estos tres sectores, la realidad es otra. El empleo creció solo un 1,5% en la Hostelería y descendió un 3,5% en el Comercio y un 7,3% en la Agricultura, Ganadería y Pesca.
Por todo ello, volvemos a insistir en el riesgo de tomar medidas en materia laboral de espaldas a las empresas y al margen de la negociación colectiva; pedimos que se ofrezca una visión real a la ciudadanía sobre la situación que atraviesan nuestras empresas, en especial las PYMES; e instamos a los partidos políticos a que tomen en consideración estas cuestiones para evitar lo que será, sin duda, un grave error en materia de política económica que pagaremos empresas, ciudadanos y el país en su conjunto.
