Después de conocer que el Gobierno ha decidido prorrogar dos semanas más, hasta el próximo 26 de abril, el actual estado de alarma, desde CEOE y CEPYME queremos reiterar nuestro apoyo a las decisiones de las autoridades sanitarias en tanto que los empresarios españoles estamos alineados con la necesidad de salvaguardar de forma prioritaria la salud y la seguridad de los ciudadanos.
Sin embargo, si bien confiamos en que este nuevo plazo sirva para acelerar la salida de la actual crisis sanitaria, al mismo tiempo podría hacer más profunda la recesión económica en la que ya están sumidos muchos sectores y empresas, especialmente pymes y autónomos, por causa de la caída drástica de la oferta y demanda de bienes y servicios, por imposición legal a causa de motivos sanitarios.
Por ello, CEOE y CEPYME instamos al Gobierno a que, de manera rápida y eficaz, proceda a suspender las obligaciones de pago de impuestos, en línea con las demandas que ya expresamos en otro comunicado fechado el pasado 15 de marzo.
Lo que pedimos es que se suspenda el pago de tributos como el IVA, IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos sectores y empresas más golpeadas por el descenso de la actividad.
Las organizaciones empresariales ofrecemos nuestro esfuerzo para detectar en el marco del diálogo social cuáles son esos sectores y empresas más vulnerables, para aplicar con urgencia dicha suspensión fiscal que ya han adoptado, por otra parte, 22 países europeos y hasta 15 Comunidades Autónomas.
Al menos en España esta demanda se sostiene en dos argumentos, uno técnico y otro puramente económico. De un lado, no está siendo posible disponer de la información contable y fiscal del gran espectro empresarial para poder cumplir con los deberes tributarios. Como ejemplo, un 80% de las pymes realizan sus declaraciones a través de profesionales externos que están emplazados en locales diferentes a la empresa, y en un 50% el tratamiento de facturas se realiza en papel, sin olvidar que el pago en ventanilla física de entidades financieras es aún muy frecuente.
Por tanto, no cabe ya solicitar aplazamientos, puesto que su tramitación sería en si mismo un nuevo obstáculo para muchas empresas que están ya al borde del cierre.
Ampliación del tramo de avales hasta 50.000 millones
Pero más evidente que esto es que muchas empresas y sus trabajadores viven en estos momentos una situación angustiosa tras semanas con pocos o nulos ingresos, a la espera de una financiación que no está fluyendo a la velocidad deseada y, en cambio, soportando puntualmente el pago de los tributos y seguros correspondientes.
En este sentido, el actual contexto requiere también seguir agilizando el crédito. Por ello, pedimos que se amplíen con carácter inmediato, de los 20.000 millones iniciales a los 50.000 millones de euros, las líneas de avales aprobadas por el Gobierno, para destinar este nuevo tramo especialmente para pymes autónomos.
Por último, para seguir salvaguardando el empleo y lograr, en la medida de lo posible, que la caída de la actividad no se traduzca en mayores niveles de desempleo, insistimos en flexibilizar los procesos de regulación temporal de empleo (ERTEs) y, teniendo en cuenta que la recuperación no será inmediata, también que estas condiciones que se solicitan se mantengan temporalmente después de finalizar el estado de alarma.
Una vez más, nos ponemos al servicio del Gobierno para trabajar en la preparación de una salida progresiva de la crisis para todos los sectores económicos, sobre todo en ámbitos tan complejos como el industrial, y reiteramos nuestro convencimiento de que las empresas españolas formamos parte de la solución.
