El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado el informe “Competitividad Fiscal 2022. España sigue perdiendo competitividad en el ámbito fiscal”.
En el se recoge que durante 2022 España asistió a una recaudación tributaria que supera todos los registros históricos, cifra que se pretende incrementar, ya que los ingresos tributarios presupuestados para 2023 superan las cifras de 2019, en casi 50 mil millones de euros, lo que representa un 23,4% de incremento, mientras que, en el mismo periodo, el PIB se ha incrementado en un 11,5%.
Según las estimaciones del IEE, la presión fiscal en España ya ha superado el 42% del PIB para 2022, y, por lo tanto, se ha situado por encima del 41,7% de presión fiscal media de la UE para el 2021 (último año para el que se disponen de datos). Esta presión fiscal recaudatoria se va a seguir incrementando en este 2023, en un momento de gran incertidumbre económica, incremento que se realiza, fundamentalmente, mediante la introducción de nuevos tributos o la reforma de los existentes que afectan a la tributación empresarial y al ahorro e inversión. Mientras, algunas de las principales economías de la OCDE consideranque los ajustes basados en incremento de ingresos tienden a prolongar las crisis y ralentizan la vuelta al crecimiento y la senda de reducción de la deuda pública por lo que han procedido a bajar impuestos.
El informe recoge también el esfuerzo fiscal, que es la presión fiscal normalizada en función de la renta. Se puede apreciar que España realiza un esfuerzo fiscal un 52,8% por encima del promedio de la Unión Europea, que ya es de por sí bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE. Entre las grandes economías avanzadas ninguna presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país.
Un problema especialmente importante es el fuerte peso de la presión fiscal empresarial. Si hacemos el análisis del porcentaje de recaudación total que viene de las empresas, y según datos de Eurostat, la proporción de recaudación que en España procede de las empresas es considerablemente superior a la media europea ya que los ingresos públicos que aportan las empresas respecto al total, es en España del 32,5%, mientras que la media de la Eurozona es del 23,9%.En relación al PIB, la presión fiscal empresarial es del 10,8% del PIB frente al 10,2% del promedio de la UE.
La competitividad del sistema fiscal español
El informe también recoge el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) elaborado por la TaxFoundation en Estados Unidos que permite comparar el diseño de las normas tributarias de las economías desarrolladas, desvelando qué países presentan un sistema más inteligente y favorecedor del crecimiento y evidenciando qué demarcaciones sufren un modelo más obstruccionista y entorpecedor del desarrollo y el progreso socioeconómico, entre las que, lamentablemente, cada vez destaca más España. Así, según el ICF, España se sitúa en el año 2022 en la posición 34 del total de los 38 países analizados, situándose así en uno de los cinco países con peor competitividad fiscal dentro de la OCDE con un retroceso de nueve posiciones desde la posición 23 que ocupaba en 2019, lo que muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país en la actual legislatura, que ya se encontraba en posiciones rezagadas en el entorno internacional, posición que va a peor y seguirá empeorando si se continúa con continuadas subidas de impuestos y creación de nuevas figuras tributarias.
Por su parte, el Instituto de Estudios Económicos ha desarrollado un indicador denominado “Indicador de presión fiscal normativa”, entendida esta como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga, y en 2022 dicho indicador se sitúa en 116,4 puntos, un 16,4% más elevada que la media de la UE y considerablemente mayor que los 112,8 puntos de 2021 o que los 110,5 puntos del año 2020. La situación de España es también un 16,8% peor a la del promedio de los países de la OCDE, que tiene 99,6 puntos. Las dos figuras tributarias en las que España tiene una mayor presión fiscal normativa son la imposición empresarial y la imposición patrimonial.
Respecto al Impuesto sobre Sociedades, España presenta una presión fiscal normativa un 23,7% más elevada que la media de la Unión Europea, y un 22,1% superior al del promedio de la OCDE. Se ha producido un sensible empeoramiento frente a los resultados de 2020, donde España ocupaba la posición 28 de los 36 países analizados, mientras que en 2022 ha descendido hasta la posición 34 de 38, esto es, un impuesto sobre sociedades de los cinco más gravosos de la OCDE.
Por su parte, en la tributación sobre el patrimonio la situación de España es aún peor, en este caso, la posición de España es un 40,8% peor que la de la UE, y un 38% menos competitiva que el promedio de la OCDE. De hecho, nuestro país presenta la imposición patrimonial más gravosa de la OCDE sólo por detrás de Italia.
En cuanto al IRPF, hemos de señalar que se sitúa un 8,8% por encima de la media de la UE y un 7,6% por encima de la media de la OCDE, además, el efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social que son particularmente altas en España eleva la cuña fiscal hasta el 40% en 2021, lo cual significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60% del coste laboral. En relación con la cuña fiscal, la del 40% de España se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 35%.
Además, España se sitúa entre los países donde el IRPF es más progresivo, en concreto, en noveno lugar de un total de veintidós analizados. Nuestro país supera en progresividad del impuesto sobre la renta la media de la UE y se sitúa en la media de la OCDE, al alcanzar el valor 112,75, frente a 112,86 de media de la OCDE y 100 de la UE. Así, según este indicador en España el impuesto sobre la renta es un 12,75% más progresivo que el promedio de la UE.
Los inconvenientes de incrementar en exceso los impuestos
Debido a que la economía está globalizada, ante cualquier reforma tributaria, es necesario mirar a los países de nuestro entorno para evitar efectos como deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes o situar en desventaja competitiva a nuestros residentes. La competitividad de los países no se fundamenta sólo en el buen hacer de sus empresas y la calidad de sus productos, o en la capacitación de sus trabajadores, sino que también es de gran relevancia el entorno económico y regulatorio, así como el marco fiscal de los diferentes territorios.
La estructura de la normativa fiscal de un país constituye un factor determinante para su desempeño económico y para el crecimiento potencial a largo plazo, que en España es claramente insuficiente. Las reformas coyunturales con el objetivo de conseguir un incremento inmediato de la recaudación, con escaso fundamento técnico, más allá de planteamientos meramente ideológicos, se apartan del objetivo de lograr un sistema tributario eficiente, flexible y bien estructurado que facilite el cumplimiento por parte de los contribuyentes y genere ingresos de manera inteligente, minimizando las distorsiones de los impuestos sobre el crecimiento y el desarrollo de la producción.
La capacidad de los países para atraer capital y fortalecer la inversión empresarial está muy relacionada con la legislación y la fiscalidad de los países.Las empresas valoran donde establecerse fijándose en la fiscalidad más atractiva de los países, con menores impuestos, consiguiendo el asentamiento de las empresas y una mayor inversión por parte de estas, así como la atracción del talento humano. Las implicaciones de estas decisiones inciden, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, sobre el crecimiento de la economía y la creación de empleo de los países.
El informe constata que se cumplen las previsiones que realizábamos en años anteriores, de manera que las subidas de impuestos y la introducción de nuevos tributos, con especial incidencia para las empresas, iban a suponer un drástico empeoramiento en la competitividad fiscal de nuestro país.Nuestra competitividad fiscal empeora, debido a nuestro sistema tributario a corto y medio plazo que parece enfocado a la posibilidad de seguir aumentando la recaudación obtenida de empresas y familias, tal y como reflejan las medidas anunciadas para los PGE-2023. Por el contrario, la mayoría de las economías de la OCDE no han subido los impuestos, sino que los han reducido manifestando una voluntad de crear un clima tributario favorecedor de una recuperación rápida.
En nuestra opinión, el incremento de la recaudación tributaria debería basarse en el incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico que es la verdadera palanca de la redistribución, y en la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno, principalmente en lo relativo a tributación empresarial.
