La nueva Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados, crea un marco para cumplir los objetivos de España en la lucha contra el cambio climático en el horizonte 2030-2050. La norma marca la senda de descarbonización de nuestra economía.
La Ley de cambio climático y transición energética tiene por objeto asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización, la transición a un modelo circular, promover adaptación a impactos del cambio climático y afianzar un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo.
El objetivo final es alcanzar la “neutralidad climática” en 2050, es decir, que el balance entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero sea cero y además que el sistema eléctrico sea 100% renovable. Para ello se establecen como metas intermedias en 2030, la reducción de emisiones GEI un 23% respecto a los niveles de 1990, la procedencia renovable del 74% de la electricidad generada y del 42% del consumo final de la energía y la mejora de la eficiencia al menos en una 39,5% (Art.3).
Para el logro de los objetivos de descarbonización la ley contiene los elementos reguladores de las dos grandes herramientas de gobernanza de clima y energía:
- El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que permite asegurar el logro de los objetivos y orientar las políticas e inversiones sobre clima y energía.
- La Estrategia de descarbonización a largo plazo, que proyecta la senda para el logro de los objetivos de descarbonización, revisable cada cinco años.
Para la evaluación de las políticas y medidas adoptadas, la Ley crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que anualmente remitirá al Congreso de los Diputados, no solo su informe de evaluación sino también sus recomendaciones sobre las políticas y medidas implementadas.
La Ley establece varias medidas para impulsar la transición energética y prevé mejorar la intensidad energética primaria de la economía un 3,5% anual y alcanzar una dependencia energética del 61% en 2030 (respecto al 74% de 2017), principalmente mediante una reducción del uso del carbón y el petróleo.
Incluye importantes medidas en los ámbitos de la energía, movilidad sostenible, adaptación al cambio climático, transición justa y movilización de recursos nacionales, incluyendo la elaboración de una estrategia de financiación climática internacional para asegurar que la cooperación y las inversiones españolas para el desarrollo se alinean con los objetivos climáticos de los ODS.
