La Comisión de Medio Ambiente de CEA, presidida por Francisco Javier Loscertales, se ha reunido para debatirlas modificaciones necesarias que hay que introducir en la regulación ambiental andaluza, con el fin de mejorar la competitividad, la racionalización y simplificación administrativa, y con ello la puesta en marcha de nuevos proyectos de las empresas andaluzas sin trabas administrativas.
El debate ha partido de la premisa de impulsar una legislación inteligente en el medio ambiente y la necesidad de las administraciones de evaluar el desempeño de las normas y leyes, así como abordar la medición de la eficacia y eficiencia normativa con transparencia. Las empresas y organizaciones sectoriales, presentes en la Comisión, han coincidido en asegurar que la evaluación normativa es imprescindible para mejorar la gestión empresarial y fundamental para el proceso de mejora continua de la normativa; es decir,diagnostico, ordenación, seguimiento y evaluación, así como mejora.
Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente han destacado, entre las trabas administrativas, la dispersión normativa, cierta desactualización, procedimientos duplicados y desproporcionados, incumplimientos de plazos y de informes sectoriales, plazos extensos e injustificados, indeterminación de los ámbitos de sujeción de la normativa y espacios de discrecionalidad. Los esfuerzos empresariales de mejora normativa se focalizan primordialmente en la Autorización Ambiental Integrada, la Autorización Ambiental Unificada, la Calificación Ambiental y las Autorizaciones de Emisiones a la Atmósfera y Autorización de Vertidos.
Finalmente,se puso de manifiesto la notable inversión en medio ambiente por parte de la industria andaluza entre el 2008-2016, que ascendió a más de mil millones de euros, con un gasto corriente asociado cercano a los dos mil millones de euros. En términos absolutos, 2.978,2 millones de euros fueron dedicados a protección ambiental, que representa el 13,3% del total del gasto ambiental realizado en España, lo que sitúa a la industria andaluza en el grupo de cabeza, sólo por detrás de la catalana. Ello supone un gasto medio anual de 331 millones de euros dedicados por la industria andaluza a protección ambiental, donde la inversión ha representado más de un tercio del total.
