Claves de la valoración de la Comisión Europea del Plan «España Puede»

La Comisión ha valorado positivamente el plan de reformas e inversiones del Gobierno, trámite fundamental para la recepción de los primeros fondos que apoyarán las inversiones y reformas hasta 2026. No obstante, la aprobación definitiva requiere como último paso la ratificación del Consejo a través del ECOFIN, cuya fecha prevista es el 13 de julio

La llegada a España de los primeros 9.036 millones de euros supondrá el 13% del importe total asignado. El desembolso del resto de los 69.500 millones concedidos en ayudas directas dependerá del cumplimiento de los objetivos marcados por la UE.

La evaluación de la Comisión Europea incluye 11 criterios: en 10 de ellos España ha obtenido la máxima valoración (A) y en otro una B (la escala es A, B y C, de mejor a peor valoración).  En cada caso, se recoge un resumen de la valoración, así como la identificación de algunas áreas de mejora:

1. Respecto a la respuesta integral y debidamente equilibrada a la situación económica y social, la Comisión ha considerado que el plan «España Puede» responde de forma adecuada a los 6 pilares del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: transición verde, transformación digital, crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, cohesión social y territorial, resiliencia sanitaria, económica, institucional y social, y políticas para las próximas generaciones.

2. La Comisión también ha analizado si el Plan responde a los desafíos señalados en las recomendaciones específicas por país y en el Semestre Europeo.

• • En cuanto a hacienda pública y fiscalidad, se insta a volver a políticas fiscales que faciliten la prudencia presupuestaria y la sostenibilidad de la deuda, una vez que las condiciones económicas se normalicen.

• • En materia de pensiones y sostenibilidad fiscal a largo plazo, la Comisión insiste en preservar su sostenibilidad y ve positivas las medidas para mitigar el impacto sobre el aumento del gasto público, aunque considera que el incremento del gasto en pensiones debería compensarse además por la vía de ajustes presupuestarios.

• • Sobre asistencia sanitaria y cuidados de larga duración, la Comisión considera que, en general, el Plan satisface las recomendaciones sobre los retos del sistema de salud, aunque debe insistir más en aspectos como la asistencia sanitaria y cuidados de larga duración y en garantizar recursos suficientes para la atención primaria.

• • La Comisión sostiene que reforma del mercado de trabajo debería reducir la temporalidad en la contratación laboral de forma significativa. Para ello, el Plan establece tres modalidades de contratos y reduce las justificaciones para los contratos temporales. Respecto a los ERTE, la Comisión considera que su financiación necesitará más ayudas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR) en forma de préstamos. En cuanto a la negociación colectiva, señala la ausencia de detalles sobre la misma y destaca la necesidad de garantizar el diálogo social.

• • En educación, la Comisión aprueba el impulso al aprendizaje digital para desarrollar competencias adaptadas a las nuevas exigencias del mercado laboral y facilitar la transición ecológica y digital.

• • En reducción de la pobreza e inclusión social, la Comisión considera suficientes las medidas del Plan para abordar los retos en estos ámbitos.

• • Las medidas del Plan para fomentar la investigación y la innovación son vistas positivamente por la Comisión, y considera que favorecerá la colaboración público-privada en este campo, si bien no tiene claro cómo se coordinarán las políticas y estrategias entre el Estado y las comunidades autónomas.

• • La Comisión espera que se destinen inversiones para la transición ecológica y digital, insistiendo en el fomento de la investigación y la innovación, las fuentes de energía limpias, las infraestructuras energéticas, la gestión de recursos hídricos y de residuos y la sostenibilidad en el transporte. También destaca la capacidad de la inversión pública para movilizar inversión privada y los PERTE (Proyectos Estratégicos para Recuperación y Transformación Económica).

• • La Comisión celebra que se destinen 19.900 millones de euros a transición digital, que supone el 28% del total del Plan, por encima del 20% mínimo requerido.

• • En cuanto a la transición verde y energética, se valora de forma positiva que en el Plan destine 27.600 millones de euros a los objetivos climáticos, un 40% de la dotación total.

• • La Comisión valora las medidas de transporte para fomentan la movilidad sostenible, pero considera que hay que reducir la dependencia del transporte de mercancías por carretera mediante un mejor uso de la red ferroviaria y la finalización de los corredores pendientes.

• • Sobre Administración pública y entorno empresarial, se incide en abordar aspectos que afectan negativamente al entorno empresarial, como los obstáculos regulatorios, y en la plena aplicación de la unidad de mercado, la mejora del clima de negocios y el crecimiento empresarial.

• • La Comisión confía en que el Plan impulse la productividad, el crecimiento sostenible y el empleo para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible.

3. La Comisión prevé que las inversiones y reformas estimulen el crecimiento y tengan un impacto positivo sobre el empleo, y destaca el valor crucial de la nueva Ley de Educación, de la modernización de la oferta educativa y de formación profesional y de la cooperación con las empresas. La mejora de las competencias de los trabajadores impulsará la competitividad, pero la Comisión advierte sobre un endeudamiento excesivo de las empresas perjudicial para su competitividad y señala también que no se desglosan dotaciones presupuestarias autonómicas.

4. La Comisión considera que el sistema de evaluación de perjuicios significativos climáticos y medioambientales es apropiado y detallado, y señala que ninguna de las medidas del Plan supone perjuicios significativos para alcanzar los objetivos.

5. En transición verde, la Comisión valora los recursos destinados a objetivos climáticos (40% del total), la metodología de seguimiento para la acción sobre el clima, las inversiones para rehabilitación energética de edificios, las medidas para la reducción de emisiones de efecto invernadero en sectores como transporte, agricultura, residuos y edificios, las medidas para la generación de energías renovables y el papel de las empresas en la economía circular y la gestión de residuos.

6. En cuanto a transición digital, la Comisión reconoce el esfuerzo de la contribución del 28% para este fin, su transversalidad y su alineamiento con la Estrategia Digital de la UE, pero advierte que las medidas deben tener un impacto duradero y que son necesarias medidas urgentes en digitalización y competencias TIC. También insta a una mayor integración de las tecnologías digitales en las empresas y a reducir la brecha digital impulsando la conectividad en zonas rurales, industrias y centros logísticos.

7. Las reformas e inversiones del Plan deberán tener un impacto positivo duradero a largo plazo, con medidas para modernizar la Administración, la digitalización del sector público y el sistema de contratación pública. También deben incidir favorablemente sobre la productividad y la cohesión social, la competitividad y la innovación, destacando la integración de energías renovables y la descarbonización.

8. En cuanto al seguimiento y ejecución, la Comisión destaca el papel coordinador que tendrá la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los ministerios implicados en cada área implementarán las medidas, mientras que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) verificará el cumplimiento de los objetivos. Algunas actuaciones podrán tener plazos de ejecución más allá del período inicial 2020-2023, como los referidos a proyectos de grandes infraestructuras.

9. Según la Comisión, se ha aportado información suficiente sobre los costes de las reformas e inversiones para considerarlas en general razonables, verosímiles y proporcionales a su impacto. Sin embargo, la metodología utilizada no está del todo bien explicada. Los costes totales estimados por el Plan se consideran verosímiles, pero en algunos costes no existen datos históricos o comparativos suficientes para que sean verosímiles.

10. Respecto a los controles y auditoría del Plan, la Comisión destaca el sistema de control interno basado en tres pilares: agentes sociales, económicos y políticos implicados; coordinación entre Administraciones y coordinación por la IGAE. Los ministerios afectados harán seguimiento de los hitos y objetivos del Plan, y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude prevendrá posibles irregularidades graves. El desarrollo de un nuevo sistema informático general facilitará datos sobre la ejecución de cada componente y para evitar riesgos de doble financiación, habrá auditorías específicas desde la IGAE. El Real Decreto 36/2020 confirma la habilitación jurídica y capacidad administrativa del Plan.

11. La Comisión considera que la coherencia y verosimilitud de las reformas e inversiones está garantizada por las cuatro líneas transversales del Plan: transición verde, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Para que las inversiones se ejecuten con eficacia, la Comisión recomienda que las reformas se hagan entre 2021 y 2022. También ve conveniente mejorar el marco de contratación pública y una coordinación más fuerte entre los distintos niveles de gobierno. Las reformas laborales deberían mejorar el nivel de las cualificaciones. Por último, el Plan no presenta incoherencias ni contradicciones y presta atención a los plazos de ejecución. Además, se destaca la importancia de un reparto territorial equilibrado.