La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha reunido por videoconferencia a su Comité Ejecutivo para analizar las medidas destinadas a paliar los efectos económicos y laborales del COVID-19 aprobadas hasta el momento por la Administración.
Los vocales del Comité Ejecutivo han insistido en la necesidad de que el Ejecutivo apruebe un aplazamiento en el pago de los tributos y que tenga en cuenta el calendario fiscal para hacerlo —el 20 de abril termina el periodo para presentar varios modelos y pago de impuestos por parte de profesionales y empresas—. Asimismo, la CEV solicita que, para evitar mayores tensiones de tesorería, se adelante el pago de las devoluciones de IVA a los sectores exportadores.
“Esperamos que el Gobierno central tenga la sensibilidad que hasta ahora no ha mostrado, lo tenga en cuenta y las medidas lleguen antes. No queremos que ocurra lo mismo que con la moratoria aprobada para las cuotas a la seguridad social de los autónomos. Aunque la medida es positiva, llegó cuando los trabajadores por cuenta propia ya habían abonado la cuota de marzo, pese a no tener ingresos y tener que hacer frente a numerosos gastos”, ha señalado el presidente de la CEV, Salvador Navarro.
Como constatan las cifras de paro y afiliaciones a la Seguridad Social correspondientes al mes de marzo, la crisis sanitaria ha puesto en jaque el empleo. La CEV espera que las nuevas medidas destinadas a apoyar a empresas y autónomos tengan en consideración esta realidad y que, una vez aseguradas las de ámbito sanitario, se les dé carácter prioritario. “Hay que pensar en el día después y en que podamos recuperarnos y crear empleo de la forma más rápida”, ha remarcado Navarro. Es necesario evitar al máximo la destrucción del tejido productivo, con aplazamiento de impuestos y financiando las necesidades de liquidez para que las empresas resistan hasta que vuelva la actividad.
Los vocales del Comité Ejecutivo de la CEV han expresado su gratitud por el trabajo que están realizando todos los profesionales de la sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, la cadena agroalimentaria, la distribución, la logística y el transporte o el sector industrial, entre otros.
Asimismo, han pedido que se reconozca la importante labor desarrollada por parte del sector privado desde el que se han puesto en marcha numerosas iniciativas para intentar ayudar a la sociedad a superar la crisis por el COVID19 y han pedido que no se contribuya con más modificaciones regulatorias de carácter autonómico a aumentar la presión con la que ya trabajan especialmente los sectores esenciales.
