La Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mantenido hoy un encuentro con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y representantes de las empresas y asociaciones integradas en la CEV, en el que se ha prestado especial atención a las medidas para paliar los daños causados por la DANA en la provincia de Valencia.
Navarro ha recriminado a la vicepresidenta que las distintas Administraciones no estén actuando con la celeridad, la empatía y la coordinación que se espera cuando hay una catástrofe de este tipo, y ha destacado que “en València la primera ayuda llegó por parte del sector privado”.
Durante la reunión, celebrada en la sede de la CEV, los representantes de los sectores afectados por la DANA han advertido que “el bajo porcentaje de ayudas directas y la lentitud en la resolución de expedientes por parte del Consorcio de Compensación de Seguros está limitando la capacidad de decisión de las empresas”.
En la misma línea, el presidente de la CEV ha pedido que se acompañe a las empresas afectadas por la DANA “durante el tiempo que sea necesario” y que se mejoren algunas de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 6/2024. Al respecto se propone la ampliación del periodo de ERTE DANA por fuerza mayor hasta el 31 de diciembre de 2025 con el régimen de exenciones de la cuota empresarial a la seguridad social y de la prestación por desempleo actuales.
SMI y reducción de jornada
En clave nacional, tanto en lo referente a las propuestas de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025, como al anteproyecto de ley de reducción de jornada y registro de jornada, la CEV se ha mostrado alineada con los planteamientos realizados desde CEOE.
Respecto del SMI, y conforme a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores en su art. 27, desde la CEV se apela a tener en cuenta el IPC (2,8%), la coyuntura económica, la caída continuada de la productividad y la incesante subida de costes laborales. En ese sentido se considera, y así se ha transmitido a la Ministra de Trabajo, que el incremento no debería superar el 3% establecido en el AENC para 2025, contando además con tres medidas adicionales: en empresas licitadoras con administraciones públicas añadir la capacidad de repercutir la subida a los precios en los contratos vigentes; para el sector agrario, bonificaciones del 20% a las cuotas de Seguridad Social, y para evitar brechas territoriales, en concreto en relación con las empresas afectadas por la DANA, incluir ayudas mediante bonificaciones al mantenimiento del empleo.
En cuanto a la reducción de jornada, desde la CEV se ha recordado que el tiempo de trabajo, y la jornada forma parte de él, es materia reservada al diálogo social bipartito, asimismo se ha pedido que se respeten los equilibrios alcanzados en la reforma laboral consensuada de diciembre de 2021, que mantuvo, por acuerdo de todos, las previsiones del Estatuto de los Trabajadores en materia de tiempo de trabajo y, por tanto, de jornada.
No obstante, en caso de activarse la mesa tripartita, para avanzar en un posible acuerdo deberían tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones: que no afecte a lo pactado en esta materia por los convenios colectivos vigentes; que se disponga de un período de convergencia de entre 3 y 5 años para alcanzar el límite legal de jornada en función del gap de cada sector; o que se tenga un efecto neutro en los costes laborales a través de bonificaciones a la cotización y ayudas fiscales, fundamentalmente para las pymes, y especialmente se acompañe a las empresas afectadas en la provincia de Valencia por la DANA.
Por último, desde los distintos sectores empresariales se ha trasladado a la Ministra de Trabajo la preocupación compartida por: la falta de mano de obra, una formación que no se adecúa a las necesidades empresariales, o las consecuencias derivadas del elevado porcentaje de absentismo laboral sobre la economía, la competitividad empresarial, la Seguridad Social y el Sistema Público de Salud.
