La Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp) ha afirmado que las pensiones públicas no pueden quebrar ni peligrar porque el Estado, según recoge la Constitución, es el garante de su suficiencia.
«Si el Estado no quiebra, lo que es impensable, las pensiones públicas no pueden quebrar, ni siquiera peligrar», sostiene Cepyp, que pide que «no se alarme» a la población sobre el futuro de la pensiones.
Cepyp sostiene que, dado que los gobiernos de turno han utilizado los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social para «diferentes usos» presupuestarios (sistema de salud, complementos a mínimos, pensiones no contributivas, gastos sociales diversos y otros no sociales), «no hay ninguna razón que justifique que los Presupuestos Generales no puedan ni deban utilizarse para las pensiones».
La organización de prejubilados y pensionistas argumenta que los problemas sobre la viabilidad a futuro del sistema de pensiones han sido recurrentes en el tiempo y que muchos informes en diferentes épocas (1990, 1995, 2000, 2005, etc.) vaticinaban que el sistema iba a quebrar, basándose en el envejecimiento de la población, la disminución del número de personas en edad de trabajar y la mayor esperanza de vida.
Sin embargo, Cepyp sostiene que estos estudios no tienen en cuenta la productividad, la tasa de actividad, las jubilaciones anticipadas, los ingresos y el principio de progresividad contemplado en la Constitución.
«Como solución se recomendaba reducir los gastos, como se ha hecho en las sucesivas modificaciones de la ley (2007, 2011, 2013). Pero nunca se ataca con seriedad el incremento de los ingresos, el fraude fiscal o la economía sumergida, un mal endémico en España que ronda el 24% y que, sin excesivas dificultades, se podría rebajar hasta el 14%», defiende Cepyp.
Estos vaticinios sobre la quiebra del sistema, denuncia la organización, provoca «desazón» en los contribuyentes actuales y un enfrentamiento intergeneracional, por lo que ha pedido que no se alerte sobre la sostenibilidad de las pensiones basándose en «intereses espurios».
«El problema del déficit del sistema es coyuntural y no debe tratarse como estructural (…) El Estado debe satisfacer el derecho adquirido desvinculándolo de los avatares que puedan producirse por crisis puntuales o tiempos de bonanza», concluye.
