La Seguridad Social registró en octubre 141.926 afiliados más, superando los 21,83 millones de ocupación total. El impulso del empleo fue explicado por la educación, con un aumento de 167.323 afiliados, coincidiendo con la reanudación de la actividad docente.
Este efecto estacional sirvió para compensar el descenso de -50.594 afiliados en la hostelería y de -34.341 afiliados en las actividades sanitarias y servicios sociales que representaron los dos sectores con mayores caídas del empleo. Por su parte, la agricultura perdió más de 2.200 afiliados.
El régimen de autónomos registró un incremento de 9.142 afiliados en octubre hasta 3,42 millones, si bien debe llamarse la atención respecto a que su crecimiento interanual fue únicamente del 1,11%. Esto supone un incremento casi un 60% inferior al registrado por los afiliados en el régimen general.
Por su parte, el paro aumentó en 22.101 personas en octubre, con lo que la cifra total de parados se sitúa así en 2.443.766 millones.
Por sectores económicos, el mayor aumento del paro se registró en los servicios, con 18.496 parados más (1,05%); industria, con 1.148 parados más (0,61%) y agricultura, con 1.270 parados más (1,68%). El paro bajó en la construcción en 2.121 personas (-1,21%).
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) advierte que, aunque el empleo mantiene una evolución positiva, ésta es desigual y se aprecia un peor comportamiento relativo en ámbitos con preeminencia de pequeñas y medianas empresas.
CEPYME insiste en la necesidad de mejorar el marco normativo y articular medidas que incentiven la creación y el mantenimiento del empleo en estas empresas, minimizando los efectos de la estacionalidad e impulsando el crecimiento empresarial y la inversión en nuevos proyectos.
Para ello, es preciso evitar medidas que supongan mayores incrementos de costes, especialmente en las empresas de menor dimensión, que ya asumen un incremento acumulado de más del 23% más en los últimos seis años y reducir la incertidumbre agravada por el anuncio de nuevas políticas que suponen una mayor carga normativa y rigidez para las empresas.
