La inflación se sitúa en el 10,4% en agosto y acumula ya 17 meses por encima del objetivo de 2% que establece el BCE para los países de la Eurozona.
Aunque el IPC adelantado se ha situado cuatro décimas por debajo del dato de julio tras una leve moderación del coste del combustible, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) considera preocupante que la inflación subyacente, que excluye los productos más volátiles como los alimentos no elaborados y la energía, haya aumentado tres décimas en agosto, hasta el 6,4% interanual, la tasa más alta desde enero de 1993.
Esto implica que las alzas de precios se están generalizando y que será más difícil reconducir la inflación, lo cual obliga a analizar con prudencia la evolución de los salarios para evitar los efectos de segunda ronda. Los precios de los futuros del gas natural dibujan un escenario de extrema tensión hasta la próxima primavera y puede seguir habiendo complicaciones en los trimestres posteriores.
La Confederación reclama responsabilidad al Gobierno ante un otoño e invierno especialmente complicados y pide no utilizar el mercado laboral como escenario de contiendas políticas, ya que los principales damnificados serán las empresas más vulnerables y los trabajadores. La respuesta no puede ser única para todas las empresas y debe tenerse en cuenta que en España ha aumentado el porcentaje de compañías vulnerables y presenta la peor situación entre las grandes economías del euro, de acuerdo con las últimas encuestas del BCE. Los salarios no se deben desvincular totalmente de la productividad si se quieren evitar consecuencias todavía más preocupantes en el largo plazo.
CEPYME urge al Ejecutivo que tenga en cuenta la delicada de situación que afrontan muchas empresas antes de tomar medidas que agraven más su situación directa o indirectamente, lo que ocurriría en el caso de que haya nuevos incrementos de impuestos o aumentos desmedidos del gasto público.
En este contexto, muchas empresas están poniendo en marcha planes de contingencia para encarar la actual situación y lo hacen en un contexto de gran incertidumbre que complica todavía más la toma de decisiones. Esto provoca que la cautela prime y algunas decisiones de gasto e inversión se empiecen a poner en cuarentena, no sólo entre las empresas, también entre las familias. Las compañías están teniendo que ajustar sus horarios ante el aumento del precio de la energía, que reestructurar sus planes de producción, ajustar stocks o incluso plantearse cierres temporales parciales o totales de parte de sus cadenas, al tiempo que renegocian los plazos de pago a sus proveedores y acreedores financieros.
