La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) celebra la aprobación por el Comité de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo del reglamento europeo de morosidad, que de esta forma avanza en su tramitación para su aprobación antes de que finalice la actual legislatura europea.
La Confederación de las pymes considera prioritario homogeneizar la regulación para combatir la morosidad en el ámbito europeo y garantizar las mismas condiciones para todas las empresas europeas. Asimismo, considera imprescindible que esta regulación tenga en cuenta la realidad de la empresa, especialmente de las pequeñas y medianas, y las condiciones especiales de los sectores económicos y que su aplicación tenga resultados eficientes en la práctica, reduciendo los plazos medios de pago, que ocasionan graves problemas de liquidez y de financiación a las pymes.
La morosidad en las operaciones comerciales es un problema generalizado en Europa, que tiene graves efectos negativos sobre la liquidez de las empresas y afecta de manera especial a las pymes, por sus menores recursos y capacidad de negociación con los proveedores y clientes, y mayor debilidad para afrontar el retraso de pagos. La morosidad supone un incremento de los gastos de financiación de las empresas, que deben asumir periodos elevados de demora en los pagos, ocasionando costes muy altos, a veces inasumibles, y limitando su capacidad de competir y reinvertir.
Por ello, CEPYME, que desde hace más de diez años ha hecho de la lucha contra la morosidad una de sus prioridades estratégicas, ha analizado la situación de nuestro país en el contexto europeo, desde el convencimiento de que es urgente homogeneizar las normas contra la morosidad en el ámbito europeo para garantizar que todas las empresas cuentan con las mismas reglas y preservar la libre competencia.
La morosidad, altamente nociva para el tejido productivo, no tiene la misma incidencia en todos los países de la UE. Tomando los extremos, y según la Encuesta de Pagos D&B recogida en la documentación con la que trabaja la Comisión Europea, los pagos que se efectúan después de la fecha de vencimiento oscilan entre el 10% de Dinamarca y el 86% de Rumania. En España los pagos atendidos fuera de plazo alcanzan el 56%, en línea con nuestro vecino Francia (58%), Bélgica (56%) y por debajo de Italia (62%), pero lejos de Alemania (35%).
