Ante el aumento de la deuda comercial por parte de las Administraciones públicas en 2021, CEPYME considera que la dotación del plan de pago a proveedores de las entidades locales aprobado para 2022 resulta insuficiente para paliar la merma de liquidez que el retraso del pago de las facturas supone para las empresas, especialmente para las de menor tamaño.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa valora la aprobación de este instrumento de liquidez en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, sin embargo, considera que su dotación de 2.000 millones de euros escasamente podrá cubrir una décima parte de la deuda pendiente de pago por parte de los ayuntamientos para con las empresas, situada en el tercer trimestre de 2021 en 19.734 millones de euros, según los datos recogidos en las cuentas de financieras del Banco de España.
Cabe recordar que la morosidad supone un menoscabo de la liquidez de las compañías y afecta particularmente a las pymes que cuentan con menores recursos y más dificultades para acceder a la financiación, en especial en un momento como el actual, en el que muchos sectores todavía no han logrado recuperar la actividad empresarial previa a la crisis y, además, sufren un fuerte incremento de costes que reducen sus márgenes. Asimismo, CEPYME considera abusivo que las empresas deban asumir la pérdida del cobro de intereses de la deuda comercial para acceder a su cobro.
