El Proyecto de Real Decreto sobre residuos textiles y de calzado, actualmente en fase de presentación de alegaciones, regulará la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) y plantea importantes implicaciones para la industria.
El informe Impacto del proyecto de Real Decreto de Gestión de residuos textiles, publicado por CEPYME, analiza el impacto económico, social y ambiental del nuevo marco regulatorio y sus posibles efectos sobre el tejido productivo nacional. El documento concluye que, en su redacción actual, la norma no constituye una herramienta eficaz de economía circular, sino un marco que transfiere costes económicos y administrativos al sector sin generar beneficios ambientales reales.
El informe combina datos actualizados, proyecciones hasta 2030 y un análisis comparativo con experiencias similares en otros países europeos. Su objetivo es contribuir a un diálogo constructivo que permita alcanzar un sistema eficaz, alineado con los objetivos europeos, pero también viable para los miles de pymes que forman parte de esta cadena de valor, que impulse de forma decisiva la circularidad, la innovación y el empleo locales.
Un coste económico que pone en riesgo la supervivencia de empresas y empleos
El informe revela que el coste del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) en el sector textil podría triplicarse en los próximos cinco años, pasando de 48,5 millones de euros a más de 134 millones en 2030. El coste por tonelada gestionada superaría los 400 euros/tonelada en comparación con la tarifa de referencia actualmente estimada en 250 euros/tonelada, sin generar avances ambientales significativos.
Este aumento de costes tendría consecuencias graves para el tejido empresarial: más de 11.000 pymes y hasta 21.000 empleos directos podrían desaparecer (un 15% del total sectorial, a los que habría que añadir 17.000 indirectos), especialmente en el comercio minorista ya que muchas microempresas y pequeñas empresas verían comprometida su viabilidad.
A ello se suma una falta de alineación con el marco europeo: España plantea opciones más estrictas que otros Estados miembros y Bruselas, tales como la habilitación de espacio para la venta de segunda mano en tiendas de más de 400 m² o en lo relativo a la recogida selectiva. En concreto, se fijan metas cuantitativas de recogida separada de residuos de productos textiles y de calzado posconsumo, acordes con un 50% en 2030 y un 70% en 2035. Un calendario poco realista que no se ve acompañado de mecanismos de apoyo, lo cual puede poner al sector en una delicada situación ante el conjunto de los Estados de la UE, tanto por la pérdida de competitividad de las empresas del sector como por la imposibilidad real de cumplir con los objetivos pertinentes, resultando para España una imagen de incapacidad de cumplir con su propia normativa.
El resultado podría ser un proceso de desindustrialización que afectaría a un sector que representó el 2,9% del PIB español y que aportó 23.400 millones de euros en valor añadido bruto en 2023, con casi 55.000 empresas activas en toda la cadena de valor.
Todo ello tiene el potencial de golpear al tejido empresarial de proximidad, lo que podría dificultar la competitividad del sector nacional frente a las plataformas internacionales de moda ultrarrápida.
Un marco regulatorio con excesiva carga administrativa
Además del mencionado impacto económico, el proyecto de Real Decreto introduce un conjunto de obligaciones administrativas (registros obligatorios, reportes anuales, trazabilidad y requisitos de espacio en tiendas) que multiplican por diez los costes burocráticos previstos por el propio Gobierno.
Estas exigencias no contribuyen directamente a mejorar la circularidad, pero sí incrementan la complejidad de gestión y desvían recursos que podrían destinarse a innovación y proyectos sostenibles. El riesgo es especialmente alto para las pymes, que conforman la mayor parte del tejido empresarial textil y que carecen de capacidad para absorber estos costes adicionales.
El análisis también pone de manifiesto que, tal como está redactado, el proyecto se centra en financiar la denominada “fracción gris” (792.000 toneladas anuales, el 88% del residuo textil), que actualmente no cuenta con soluciones técnicas viables para su reciclaje y que implicará el consumo de una importante cantidad de recursos. Este enfoque supone la alteración de las prioridades de inversión necesarias para acelerar en la consecución de un modelo circular en el sector textil. Con este fin, la actuación debería centrarse en el impulso de infraestructuras de reutilización y hubs de reciclaje avanzado
La Responsabilidad Ampliada del Productor puede convertirse en oportunidad estratégica para España
El informe de CEPYME subraya que la RAP es una obligación europea y una demanda del propio sector, que ya ha dado pasos significativos mediante la creación de sistemas colectivos. Sin embargo, su eficacia depende de una correcta orientación de los fondos y de un marco regulatorio que incentive la inversión en soluciones de futuro.
Una RAP bien diseñada puede convertirse en una palanca estratégica para consolidar a España como un referente europeo en reciclaje textil, atrayendo inversión, desarrollando tecnologías de reciclaje químico y mecánico, impulsando proyectos de I+D+i y generando empleo verde de calidad. Para ello, es necesario evolucionar hacia un enfoque acorde con un modelo que genere verdadero valor ambiental, industrial y social.
