La Oficina de Proyectos Europeos de CEOE ha elaborado un informe con contribuciones de las empresas españolas a la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno solicitará formalmente a Bruselas a principios de 2023 para poder acceder a los 95.000 millones de euros restantes de los Fondos Next Generation EU.
Una de las principales conclusiones es la importancia de adaptar las nuevas convocatorias al aumento de la inflación o la crisis energética y acompañarlas de reformas legales que faciliten la recuperación del tejido empresarial y el nivel de vida de los hogares.
Más en detalle, en un primer bloque el informe se centra en la evaluación de la gestión y ejecución de los fondos e incluye una serie de propuestas para su optimización de cara a 2024-2026.
Entre ellas destaca flexibilizar las condiciones de acceso de las empresas, especialmente en los casos de PYMES y autónomos, a las convocatorias para los consorcios de los PERTES.
Por ejemplo, plantea rebajar las exigencias de garantías o simplificar y agilizar la carga administrativa en las convocatorias para evitar un efecto desalentador para la participación de las PYMES.
En segundo lugar, plantea reforzar la colaboración con el sector financiero, con el fin de asegurar la agilidad y capilaridad de las ayudas. Asimismo, el informe apuesta por incorporar incentivos fiscales con cargo a los fondos europeos, como ya hacen otros países como Francia, Italia, Portugal o Dinamarca. Por ejemplo, incorporando deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades por inversiones alineadas con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El segundo y tercer bloque del informe recogen un conjunto de 16 reformas estructurales y 106 líneas de inversión que las empresas y organizaciones empresariales proponen para mejorar la competitividad de la economía española y la autonomía estratégica para hacer frente a los retos del futuro.
En relación con las reformas estructurales, se incluye la puesta en marcha de un PERTE de talento y empleo, con el objetivo de avanzar en el diagnóstico de necesidades de personal, orientación y formación para cubrir ocupaciones demandadas y no cubiertas para la ejecución de las inversiones destinadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en sectores como el transporte o la construcción.
Este apartado también recoge la creación de la Estrategia Global por la Cualificación y Formación, para reducir el desajuste entre la oferta y demanda de cualificaciones profesionales y combatir el desempleo, con especial incidencia en el desempleo juvenil.
Finalmente, el informe también plantea una reforma para mejorar la eficiencia del sector público y para un sistema fiscal eficiente. En definitiva, el tejido empresarial propone abordar reformas de gran calado con altos costes de transición como vía de aprovechar al máximo el impacto de los fondos europeos.
En el caso de las líneas de inversión dirigidas al desarrollo de la autonomía estratégica de nuestro país, entre las más destacadas se identifica el desarrollo de proyectos tractores de carácter territorial, alineados con los sectores estratégicos de cada Comunidad Autónoma; el impulso de inversiones en generación de hidrógeno verde y el desarrollo de infraestructuras de recarga para la movilidad. Por último, se propone extender el PERTE agroalimentario al Sector Primario e impulsar un PERTE para el turismo.
Como conclusión, CEOE, en consonancia con las prioridades manifestadas por el Gobierno, apuesta de forma prioritaria por el desarrollo eficiente de proyectos estratégicos, el refuerzo de la autonomía estratégica (española y europea) en las áreas de energía, agroalimentación, industria, tecnología y digitalización, y por una colaboración público-privada más fuerte y a todos los niveles.
En palabras del secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, “esta propuesta de las empresas está dirigida a aportar ideas al Gobierno, de manera proactiva, para concretar el proyecto de Adenda que ha presentado la vicepresidenta primera esta semana”.
Además, ha insistido en la importancia “de lograr una participación real de los agentes sociales, los partidos políticos y las Comunidades Autónomas en la concreción de la Adenda, más allá de las reuniones formales de alto nivel”.
Por otro lado, el secretario general también ha recordado “la relevancia de conocer qué cambios va a solicitar el Gobierno en relación a las fechas de cumplimiento de los objetivos e hitos del Plan vigente, así como de dar cumplimiento de una vez por todas a algunos compromisos que todavía no han culminado, como la plataforma COFFEE o el desbloqueo de la tramitación parlamentaria del Real Decreto-ley 36/2020, que acumula un retraso de casi dos años y más de 75 prórrogas”.
Puede consultar el informe aquí.
