Cifras que rondan los 760.000 afiliados menos y casi 3.000.000 de personas en ERTE, la mayoría de fuerza mayor, son el resumen de los efectos del COVID-19 en España, desde el 14 de marzo en que se declara el estado de alarma.
En este contexto marcado por la crisis sanitaria, los datos de mayo reflejan un aumento de 187.814 afiliados y un desempleo que se incrementa en 26.573 personas, una cifra notablemente inferior a la de los meses de marzo y abril.
Estos datos, a diferencia de otras crisis, se encuentran claramente asociados a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias para dar respuesta a la emergencia sanitaria. Nos referimos al cierre de la actividad, las limitaciones a la movilidad y el proceso de desescalada, que han tenido gran incidencia en la realidad productiva en la segunda quincena de marzo y el mes de abril, aunque se va atenuando en mayo.
Así, estas decisiones sanitarias se traducen tanto en sectores como en territorios, evidenciando la recuperación progresiva de la actividad y de la ocupación en los sectores de construcción e industria, y la práctica paralización del sector turístico, el más afectado por las limitaciones de movilidad impuestas tanto a nivel nacional como internacional y por las restricciones sanitarias, con clara repercusión en la ocupación en hostelería, hotelería y comercio.
Por territorios, los más afectados son las comunidades de Madrid y Cataluña, por la fuerza tractora de Barcelona, al estar avanzando más lentamente en el proceso de desescalada.
Las empresarias y empresarios españoles estamos intensamente comprometidos con el empleo. Desde finales de abril, más de 450.000 personas han recuperado la actividad, una tendencia que es imprescindible intensificar.
Desde CEOE reiteramos la necesidad de recuperar la normalidad de la actividad económica de forma rápida y certera, con las medidas sanitarias imprescindibles para garantizar la seguridad, a fin de evitar que se perpetúen los efectos de la crisis, muy vinculados al sector servicios, que ya ponen de relieve una incidencia desigual, focalizada negativamente en el empleo femenino y juvenil.
Igualmente, insistimos en la necesidad de fomentar medidas de flexibilidad interna que permitan la rápida adaptación de las condiciones laborales a las recomendaciones sanitarias y la prolongación y flexibilización de los ERTEs como medida imprescindible para garantizar el mantenimiento del empleo y la recuperación progresiva de la ocupación hasta que sea posible la vuelta a la normalidad total.
