España debe ejecutar 140.000 millones de euros en seis años provenientes del Plan Europeo de Recuperación, lo que constituye un importantísimo reto de gestión. El propio Plan “España puede”, ya advierte de posibles “cuellos de botella” operativos, por falta de medios, o legales, dada la complejidad de la tramitación.
De un lado, si no se superan estos obstáculos, al demorar los compromisos de gasto y, de este modo, impedir que puedan ser atendidos con el importe asignado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la recuperación de la economía española a la que están destinados estos fondos se podría ver frustrada, con la consiguiente destrucción de empresas y empleos.
Por tanto, para maximizar el impacto de estos fondos es fundamental eliminar dichos los cuellos de botella y las trabas burocráticas de la legislación vigente en materia de contratos públicos y subvenciones.
La respuesta de CEOE
Con esta urgencia, a principios de octubre, en el seno de la Comisión Legal de CEOE, se constituyó un grupo de trabajo compuesto, por un lado, por expertos y referentes nacionales en materia de Derecho Público y, por otro lado, por representantes de organizaciones empresariales sectoriales con gran experiencia en licitaciones y subvenciones.
La propuesta de CEOE que se ha derivado de estos trabajos se vertebra en torno a una norma de urgencia ad hoc que temporalmente excepcione, sin modificarlas, la aplicación de determinadas disposiciones de la legislación de contratación pública y de subvenciones, al tratarse de la distribución de los fondos Next Generation EU.
En concreto, se propone la aprobación de un Real Decreto-ley con modificaciones en preceptos específicos de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, así como de otras normas complementarias, que resulten exclusivamente de aplicación respecto de los procedimientos a los que se destinen los fondos europeos.
Concretamente, la propuesta de CEOE pretende ofrecer soluciones a través de las siguientes actuaciones:
- Proporcionar a las unidades encargadas de la ejecución y gestión de los fondos europeos medios adicionales para hacer frente a esta labor, no solo atajando o minimizando los “cuellos de botella” operativos, sino también generando sinergias entre dichas unidades, gracias a modelos de documentación administrativa extrapolables y a la preferencia otorgada a la tramitación de estos procedimientos.
- Acortar los tiempos de tramitación de los expedientes y simplificar su instrucción. Por ejemplo, suspendiendo la necesidad de que sean calificados de urgentes todos los procedimientos. Así, se dispone que los que estén sujetos a este ámbito de aplicación se tramiten directamente en los plazos establecidos para los expedientes calificados de urgentes.
- Además, se propone la exclusión de la exigencia de garantía provisional, la generalización de las declaraciones responsables y la utilización de medios electrónicos.
- Se plantea evitar que determinados trámites, como la fiscalización previa o la acreditación de la existencia de crédito presupuestario, impidan avanzar en la tramitación de los contratos o las ayudas, con el consiguiente ahorro de tiempo.
- Se persigue hacer compatibles las imprescindibles medidas de control ambiental de determinados proyectos con la agilidad en la tramitación de los procedimientos destinados a llevarlos a cabo.
- Incentivar la búsqueda en el sector privado de proyectos transformacionales y alineados con los objetivos de los fondos europeos Next Generation EU, ante los réditos asociados a ser los primeros en plantear estos proyectos al sector público. A tal fin, se habilita a los particulares para presentar propuestas de contratos que se puedan acoger a los principios del Plan Nacional, accediendo a una puntuación adicional en su oferta de licitación a fin de incentivar la presentación de propuestas por parte de los particulares.
- Agilizar la colaboración público-privada, flexibilizando las formas de colaboración interadministrativas y de los sectores público y privado a través de consorcios con el objetivo de que dicha colaboración permita una utilización más eficiente y eficaz de los fondos europeos.
- Incorporar a las entidades financieras a la misión de agilización, abriendo la posibilidad de que voluntariamente se sometan al correspondiente convenio de colaboración, cuando las bases reguladoras así lo prevean, para intervenir en el procedimiento de concesión de las subvenciones, de cara a la tramitación de las solicitudes, el análisis de requisitos y la propuesta de concesión.
