La Junta Directiva de la CEOE ha dado su visto bueno por unanimidad al acuerdo de negociación colectiva 2018-2020 alcanzado entre las organizaciones empresariales y los sindicatos CC.OO. y UGT, que contempla un alza salarial anual de hasta el 3% en su periodo de vigencia.
En rueda de prensa tras la celebración de la Junta Directiva, Rosell ha destacado el «importante esfuerzo» que realizan los empresarios en este acuerdo para «hacer una mejor sociedad».
El presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, ha ido un poco más allá al recordar que la subida salarial pactada en el acuerdo «se hace con el dinero de las empresas». «Es un esfuerzo que se hace con nuestro dinero y eso no hay que olvidarlo», ha subrayado Garamendi.
Rosell ha resaltado que el acuerdo da «estabilidad y tranquilidad» al firmarse por tres años y ha reconocido que, aunque se ha aprobado por unanimidad en la Junta, no es el acuerdo que los empresarios hubieran escrito.
Sin embargo, ha insistido en que todas las partes eran conscientes de la necesidad del acuerdo y de que los empresarios no podían firmar cosas distintas a lo que ya están recogiendo algunos convenios. «Sería una contradicción», ha dicho.
Sobre la recomendación de ir progresivamente a un salario mínimo de convenio de 14.000 euros (1.000 euros mensuales por catorce pagas), Rosell ha señalado que, dentro de las posibilidades de las empresas, ésta es una medida «razonable para dar un empujón» a los salarios más bajos.
REVISAR LOS SALARIOS DE CONTRATOS PÚBLICOS
Garamendi ha aprovechado también para lanzar un mensaje a las administraciones públicas que subcontratan servicios (por ejemplo la limpieza o la seguridad) mediante contratos públicos «a la baja», donde los sueldos de los trabajadores son muy bajos.
«Aquí no vale decir que el empresario es el malo cuando se hacen estos contratos a la baja», ha advertido el presidente de CEPYME, a lo que Rosell ha añadido que hay «miles y miles» de contratos públicos que tendrían que revisarse para acercarse a las recomendaciones del pacto salarial.
Pero más allá de las cifras del acuerdo, los dirigentes empresariales han puesto el acento en temas que consideran cruciales para el futuro y que han acordado con los sindicatos que sean llevados al diálogo social tripartito.
Entre ellos, Garamendi, encargado de exponerlos en la rueda de prensa, ha dado prioridad a tres: la lucha contra la economía sumergida y contra el absentismo injustificado y la formación. Sobre la igualdad, el presidente de CEPYME ha afirmado que los empresarios quieren hablar de este tema «desde la negociación colectiva y no desde la ideología ni la demagogia».
El acuerdo firmado con los sindicatos contempla dos propuestas ‘copiadas’ de otros países: el modelo francés que ahorra trámites burocráticos (carta de despido) cuando un trabajador es despedido y quiere pasar a cobrar prestaciones, y el modelo alemán de los ERE que propicia reducciones temporales de jornada en vez de despidos e imparte formación para los trabajadores que sufren el ajuste cuyo coste corre a cargo de las empresas y la Administración.
En todo caso, Rosell ha explicado que se trata de medidas que habrá que desarrollar conjuntamente con los sindicatos para trasladarlas luego a la negociación con el Gobierno y también a los Grupos Parlamentarios.
NO A DESTOPAR COTIZACIONES NI MÁS IMPUESTOS
Sobre los planteamientos del actual Gobierno de destopar cotizaciones sociales o subir impuestos para mejorar los ingresos de la Seguridad Social, Garamendi ha sido tajante: a los empresarios no les gustan ninguna de las dos medidas.
«Cualquier subida de impuestos no nos gustaría absolutamente nada», ha dicho el líder de CEPYME, que suena para suceder a Rosell en el cargo a partir del próximo mes de diciembre.
Garamendi ha advertido además de que destopar las cotizaciones sociales «rompería el propio criterio de la Seguridad Social y restaría competitividad a las empresas».
«No carguemos permanentemente a las empresas costes, gastos, impuestos…», ha señalado el dirigente empresarial, que ha abogado en su lugar por aflorar economía sumergida porque eso sí que supondría importantes ingresos para las arcas públicas.
