El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, junto al vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, y el vicepresidente de CEOE Íñigo Fernández de Mesa, se han reunido hoy con el Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, para instarle a que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo.
A su llegada a la reunión, Antonio Garamendi ha subrayado que “el Impuesto de Patrimonio grava el ahorro, algo que ya ha pagado impuestos”, y ha recordado que “en la UE es curioso que el único país que tenga este impuesto sea España”. Por su parte, Josep Sánchez-Llibre ha calificado el impuesto como “confiscatorio, injusto y atenta contra la libertad y la propiedad privada de los contribuyentes españoles”, al tiempo que ha recalcado también que “solamente existe en España”.
En la reunión, se ha hecho entrega de un escrito al Defensor del Pueblo que ha sido suscrito por los presidentes de las organizaciones territoriales de ámbito autonómico de CEOE y avalado por la Junta Directiva de la Confederación.
Desde CEOE se viene reclamando un debate en profundidad sobre el sistema fiscal español con la finalidad de que sirva para incentivar el desarrollo económico a través de una fiscalidad competitiva para las empresas españolas y para las familias. Esto es, para lograr que el sistema impositivo sea una palanca para la creación de riqueza, de empleo y, en consecuencia, para la generación de mayores ingresos públicos.
Sin embargo, lejos de este enfoque, en el actual entorno de tipos de interés 0 o negativos, rendimientos patrimoniales reales moderados o de pérdidas significativas provocadas por la crisis del COVID-19, un tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio –tributo que además no existe en ningún otro país de la UE- del 3,5% es distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional.
Según la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así se entiende cuando un impuesto somete a tributación manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad económica o bien cuando con su gravamen agota la riqueza imponible, es decir, hace falta liquidar la riqueza para pagar el impuesto.
En efecto, en muchos casos, el contribuyente tendrá que liquidar su patrimonio –incluso a un valor de mercado inferior al tasado a efectos tributarios- para poder pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, de acuerdo con el artículo de la Ley de PGE que se pretende recurrir.
En el momento actual, el rendimiento que generará un patrimonio sujeto está razonablemente por debajo del tipo impositivo, debiendo añadirse, además, que cualquier rendimiento de este patrimonio ya habrá tributado previamente por IRPF.
Por ello, se considera que en este caso existe un supuesto de inconstitucionalidad que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico.
Es por eso por lo que las organizaciones empresariales de toda España pedimos amparo del Defensor del Pueblo en el marco de las actuaciones que tiene esta importante figura como encargado de defender nuestros derechos, velando, en este caso en particular, por la justicia del sistema tributario.
A continuación, se incluyen declaraciones de los presidentes de las organizaciones territoriales de CEOE firmantes del documento entregado al Defensor del Pueblo.
Organizaciones territoriales de ámbito autonómico de CEOE adheridas al escrito
Andalucía
Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
“Los empresarios andaluces nos sumamos a CEOE y respaldamos firmemente su petición al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Impuesto de Patrimonio. Fíjense en que es un tributo único en Europa, somos el único país de la Unión en el que existe, y lamentablemente penaliza el ahorro. Así, es un tributo que desanima, que grava el ahorro procedente de rentas por las que ya se ha tributado antes: ataca a la línea de flotación de los ahorradores y de gran parte de la clase media. Nos parece que tiene un carácter confiscatorio, que en absoluto se corresponde con el sistema tributario justo que defiende nuestra Constitución, y no valora la equilibrada capacidad económica del contribuyente…”.
Aragón
Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón
«El Impuesto de Patrimonio genera una doble imposición sobre el ahorro personal y empresarial, que ya tributa en el IRPF, desincentivando tanto este como la atracción de inversiones. Supone, además, agravios comparativos frente al resto de países de la UE y entre Comunidades Autónomas.»
Canarias
José Carlos Francisco, presidente de la Confederación Regional de Empresarios de las Islas Canarias (COREICA)
“Todo esfuerzo fiscal no competitivo sobre empresas y personas físicas dificulta la recuperación de la economía, pues desincentiva la creación de valor productivo y, por lo tanto, posibilidades de inversión, desarrollo y crecimiento económico sostenible. Las sociedades evolucionan y la Administración que las gobierna debe acompasarse tanto en capacidad de adaptación como en costes de su estructura, que deben sumar al modelo competitivo que conforma nuestro país”.
Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios
“La interposición de este recurso es un paso necesario que debemos dar para lograr que nuestro sistema fiscal sea justo y cumpla el mandato de nuestra Constitución. El sistema fiscal de una sociedad moderna que quiera avanzar debe alejarse de prejuicios que no hacen más que mermar la capacidad de nuestro desarrollo.”
Cantabria
Enrique Conde, presidente de CEOE CEPYME Cantabria
«Los cambios propuestos sobre el incremento en la fiscalidad del patrimonio van justo en la dirección opuesta al interés del país en esta situación de crisis. Se trata de una medida irrelevante desde el punto de vista de la recaudación, pero que provoca una quiebra de confianza entre los contribuyentes. Para los empresarios este tipo de medidas, vistosas, populistas e ineficaces, son desalentadoras».
Castilla y León
Santiago Aparicio, presidente de CEOE Castilla y León
“Es necesario, más en estos momentos de crisis, la eliminación de un impuesto que está penalizando a los ciudadanos de Castilla y León y frenando la inversión empresarial y, por tanto, la creación de empleo. En un momento de ciclo económico en fase de desaceleración, CEOE Castilla y León considera que es urgente que exista una armonización fiscal, para evitar que se agudice la deslocalización de empresas”.
Castilla-La Mancha
Ángel Nicolás García, presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM CEOE-CEPYME CLM)
“Desde CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La Mancha nos adherimos a la petición de CEOE al Defensor del Pueblo para que la Ley del Impuesto sobre Patrimonio sea derogada o modificada, ya que el Impuesto de Patrimonio podría vulnerar el principio constitucional de capacidad económica. De esta forma, desde CECAM nos sumamos a la postura defendida desde CEOE sobre el carácter marginal del Impuesto de Patrimonio, que grava el ahorro procedente de rentas por las que ya se ha tributado antes. Los empresarios castellano-manchegos defendemos un sistema tributario justo, entendiendo que esta ley contiene un carácter confiscatorio, que vulnera el principio de confiscatoriedad recogido en el artículo 31.1 de la Constitución. Además, cabe recordar que la presión fiscal que soportan las empresas de nuestro país es mucho mayor que en el resto de la Unión Europea”.
Cataluña
Josep Sánchez-Llibre, presidente de Foment del Treball
“El Impuesto de Patrimonio es un impuesto inexistente en el resto de países de la Unión Europea que grava el ahorro procedente de rentas que ya han sido objeto de tributación, con tipos impositivos absolutamente confiscatorios. Penaliza un patrimonio que no genera las rentas suficientes para pagar el impuesto. Foment del Treball considera esencial considerar inconstitucional este impuesto que perjudica el ahorro y las rentas y, por tanto, a la inversión”.
Ceuta
Bhagwan Dhanwani Doulatram, presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE)
“Desde la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) nos adherimos a esta iniciativa de CEOE, ya que consideramos que el Impuesto de Patrimonio no obedece a un sistema tributario justo; ya que supone una doble imposición, al ser rentas por las que ya se tributó en su debido momento, tomando por tanto dicha Ley un carácter confiscatorio. Desde la CECE, confiamos en que esta propuesta de CEOE con el apoyo de las organizaciones empresariales autonómicas sea atendida y se derogue la Ley de Impuesto de Patrimonio”
Comunidad de Madrid
Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM
«Desde CEIM nos sumamos a la solicitud de amparo ante el Defensor del Pueblo. Abogamos por la supresión del Impuesto de Patrimonio en España ya que penaliza el ahorro, genera doble imposición, ha desaparecido en la práctica totalidad de los países y apenas tiene capacidad recaudatoria, y pedimos a las Comunidades Autónomas que, siguiendo el buen ejemplo de la Comunidad de Madrid, se bonifique al 100% mientras no sea eliminado de la regulación estatal».
Comunidad Foral de Navarra
Juan Miguel Sucunza, presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN)
“El Impuesto de Patrimonio grava un capital ahorrado, después de que la renta de la que proviene ya haya sido gravada anteriormente y, por tanto, lo convierte en un impuesto redundante, pudiendo llegar a ser confiscatorio”.
Comunidad Valenciana
Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)
Al igual que el resto de las organizaciones empresariales territoriales, la CEV se ha sumado al recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de patrimonio por considerar que “se trata de un impuesto desfasado en el tiempo, único en su modo a nivel europeo y confiscatorio en su efecto, puesto que la tarifa del impuesto puede llegar a ser superior a la rentabilidad del propio activo”. Como ha afirmado su presidente, Salvador Navarro, “la CEV defiende la necesidad de avanzar, en paralelo a la reforma del sistema de financiación autonómico, hacia un sistema fiscal más competitivo, capaz de atraer patrimonio, inversiones y talento humano; incentivar las inversiones en start-ups, en actividades socialmente responsables, en los ámbitos de la tecnología e I+D, y en aquellas inversiones que generen empleo”.
Comunidad Autónoma de Extremadura
Pedro Castro, presidente de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX)
“Desde la CREEX apoyamos plenamente la derogación del Impuesto de Patrimonio por ser un gravamen anacrónico, confiscatorio (y, por ende, inconstitucional), por ser contrario a la armonización fiscal en el seno de la UE y por no responder al principio de redistribución, sino suponer un empobrecimiento objetivo del contribuyente, además de lastrar el desarrollo económico”.
Galicia
Juan Manuel Vieites, presidente de CEG Galicia
“La CEG lamenta el carácter anómalo del Impuesto de Patrimonio en el ámbito del Derecho comparado de la Unión Europea, y que solo existe en España dentro de la misma. La organización empresarial gallega se adhiere a esta iniciativa de CEOE y otras patronales autonómicas en defensa de un sistema tributario justo, y que advierte sobre el carácter confiscatorio de este impuesto -vulnerando el artículo 31.1 de la Constitución Española- puesto que grava el ahorro procedente de rentas por las que ya se ha tributado con anterioridad a través de otros tributos”.
Islas Baleares
Carmen Planas, presidenta de CAEB, Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
“Desde Baleares nos adherimos al dictamen de recurso de inconstitucionalidad del Impuesto de Patrimonio y consideramos del todo injusto que, siendo un tributo transferido, cada Comunidad Autónoma tenga la potestad de decidir las cantidades exactas a pagar y los porcentajes a aplicar sobre el patrimonio neto, que suelen oscilar entre el 0,2% y el 2,5%. Sin embargo, el gravamen que soportan los ciudadanos de Baleares es mucho más elevado que en otras Comunidades ya que, partiendo de un mínimo del 1%, puede alcanzar hasta el 20% en función de la cantidad heredada. Además, está el hecho de que la ‘modalidad balear’ de este impuesto afecta también a los residentes extranjeros, a quienes grava no solo sobre su patrimonio en las islas, sino que también les obliga a tributar por el resto de propiedades o bienes que posean en sus países de origen, medida que resta interés a los ciudadanos extranjeros que quieren invertir en Baleares por la especial crudeza de las condiciones que aplica la Comunidad Autónoma Balear a este impuesto en las islas”.
La Rioja
Jaime García-Calzada, presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER)
“Consideramos que el Impuesto del Patrimonio es absolutamente injusto, tiene únicamente un carácter confiscatorio y recaudatorio, y daña la propia actividad y el ahorro empresarial, al tratarse de un impuesto procedente de rentas por las que anteriormente ya se ha tributado. Desde la Federación de Empresas de La Rioja exigimos su desaparición del sistema tributario por inconstitucional.”
Melilla
Enrique Alcoba Ruiz, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME)
“Desde la Confederación de Empresarios de Melilla, nos sumamos a la iniciativa de supresión del Impuesto de Patrimonio promovida desde CEOE. Bonificar el 100% de este impuesto es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad en general”.
País Vasco
Eduardo Zubiaurre, presidente de Confebask
“El impuesto de patrimonio es un tributo que penaliza a unos ahorradores e inversores que, en muchos casos, ya hacen una importante aportación a la sociedad invirtiendo en empresas fuertes y competitivas que crean puestos de trabajo, salarios e impuestos. Además, son objeto de una ‘doble imposición’ porque ya pagan el impuesto de renta correspondiente y, con los tipos máximos actuales, adquiere un claro carácter confiscatorio. España es el único país que lo mantiene en la UE y en la OCDE conviviendo con el resto de cargas que inciden sobre el ahorro. Recauda muy poco (en Euskadi apenas supone el 1,2% del total), expulsa a contribuyentes con talento profesional e impide crear entornos fiscales atractivos para el emprendimiento y para la inversión”.
Principado de Asturias
Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE)
“Nos hemos sumado a la iniciativa de supresión del Impuesto de Patrimonio promovida desde CEOE. Bonificar el 100% de este impuesto era una de las propuestas que FADE había incluido en las 22 Acciones, y es una reclamación que la Federación viene haciendo desde mucho tiempo atrás. La supresión de esta carga fiscal en España, uno de los pocos países europeos que aún la mantiene y en el que más alto tipo de gravamen de todos ellos existe, debería ser fruto de una decisión política. Esperemos que la propuesta impulsada por la organización representativa de los empresarios españoles prospere”.
Región de Murcia
José María Albarracín, presidente de CROEM Murcia
«Es un impuesto obsoleto e injusto. De los 27 países miembro en la UE, España es el único que lo mantiene y esto crea notables diferencias de cara a la atracción de inversiones y crea ciudadanos de primera y de segunda dentro del marco europeo. Es además un impuesto que grava el ahorro, y que tiene visos de ser confiscatorio. Hay que eliminarlo».
Enlace de descarga del vídeo con declaraciones de Antonio Garamendi, presidente de CEOE, y Josep Sánchez-Llibre, presidente de Foment del Treball y vicepresidente de CEOE
