En el encuentro, mantenido esta mañana en el Palacio de La Moncloa, se han abordado también las reformas pendientes en el ámbito laboral y otras cuestiones de actualidad.
Los presidentes de CEOE y CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unia Sordo han presentado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2019-2020, firmado la semana pasada por los agentes sociales.
Durante la reunión, los presidentes de CEOE y de CEPYME han expresado su opinión contraria a las subidas anunciadas de los impuestos para las empresas, ya que la tributación empresarial en España es en la actualidad similar a la europea en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y superior a la media si se analizan las cotizaciones sociales.
Los presidentes de ambas organizaciones empresariales han señalado, en rueda de prensa posterior a la reunión, que un incremento de los impuestos puede “poner en peligro” la subida salarial pactada en el Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva recientemente firmado. “Las empresas tienen sus costes y un incremento de estos puede hacer fracasar el aumento de los salarios”, ha señalado el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, quien ha pedido “tranquilidad y mucho estudio antes de aumentar las cargas fiscales o de otro tipo, porque afectarán de manera medular a las empresas”.
Por su parte, el presidente de CEOE, Juan Rosell, ha explicado que han transmitido al presidente del Gobierno su preocupación porque el crecimiento del gasto tenga como consecuencia un aumento del déficit público. En su opinión, el déficit hay que controlarlo en épocas de expansión económica.
Los agentes sociales han presentado al presidente del Gobierno el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020, que firmaron la semana pasada, y han hecho hincapié en las materias que deben ser desarrolladas en el ámbito tripartito con el Gobierno. De hecho, la regulación del salario mínimo pactada entre los agentes sociales y otros ámbitos del acuerdo requieren la intervención directa del poder ejecutivo y legislativo.
