Hay afirmaciones sobre el sistema de formación para el empleo que, por su estilo tajante, vocación de infalibilidad y cíclica persistencia, no dejan de asombrarme. Por ejemplo, en una columna de “La Razón” del 12 de junio se ha escrito que la Fundación Tripartita está “felizmente fenecida tras innumerables críticas…” y, de seguido, que el Instituto Cervantes “crea centros…más eficientes y baratos de mantener que los edificios convencionales”. Esto lo firma un profesor de Economía y a mí, que me ha tocado ser directivo de ambas instituciones, se me ha quedado cara de emoticono ojiplático. ¿Estoy viviendo en una dimensión paradójica y estando fenecido tripartitamente me sigo creyendo vivo? ¿Tanto ha cambiado la gran institución “cervantina” que yo conocí?
A saber; reivindicar la suma de lo eficiente con lo barato es sutilmente diabólico pues indica una redundancia en la economía de costes que nos conduce al absurdo de la gratuidad eficiente. Espero de la competencia de los actuales responsables del Cervantes y por el bien de la altísima calidad de la enseñanza del español que allí se imparte que no sea esta la tendencia actual del prestigioso Instituto.
Por su parte, atribuirle efectos terminales al cambio de nombre de una Fundación y a la ampliación de su órgano de gobierno es un error de apreciación equiparable al famoso penalti que pitó Guruceta a dos metros del área.La Fundación Tripartita (con mayúscula) no ha “fenecido”, ni feliz ni infelizmente, porque no se ha producido ninguno de los supuestos o procesos de la Ley de Fundaciones que permita afirmarlo. La Ley 30/2015 es muy clara (léase su Disposición Adicional quinta) y no admite interpretación. También se ha dicho (en otros medios) que la Fundación “ha pasado de tripartita a estatal” cuando resulta que la Fundación, que se llamaba “Tripartita” (con mayúscula), ya era estatal (con minúscula) y ahora, llamándose “Estatal”, sigue siendo tripartita, pues en ella siguen representados los actores del Diálogo social aunque, es verdad, en distinta proporción.
Nada que objetar a la opinión del columnista sobre el (presunto, por favor) fraude en los cursos de la Junta y ningún reproche a la vergüenza compartida sobre el estado de la cuestión en Andalucía, (y en otras partes del territorio, como Galicia o Madrid, sin ir más lejos). Pero en este país, culos y témporas (a saber lo que es eso) tienen una consolidada tradición dialéctica de atracción mutua y cuando emulsionan en una columna o un ensayo producen monstruos.
Ya he tenido ocasión de escribir sobre la dimensión y el alcance del fraude en la formación y sobre la difusión del asunto y soy optimista respecto al futuro porque conozco bien la pujanza de nuestro sistema y soy testigo del compromiso social y político que lo sustenta.
Las organizaciones patronales y sindicales, sin ceder en su legítima crítica a los cambios que no comparten, creen en la necesidad del sistema y, asimismo, en la necesidad de reformarlo y han dialogado lealmente con un gobierno empeñado en la misma idea de mejorar las cosas. En las decisiones concretas sobre lo que había que hacer una vez aprobada la reforma (proyecto de reglamento, modificación de los estatutos de la Fundación, convocatoria de oferta de ayudas…) ha habido acercamiento y responsabilidad por todas las partes y en esa condición ambiental no es difícil que fructifiquen otros acuerdos.
Otro lugar común del espejismo argumental sobre la formación está en la afirmación de que el sistema se financia con la aportación “de los contribuyentes”, equiparándolo de esa forma al sostenimiento de los servicios públicos o al salario de los funcionarios públicos. Error. Los recursos del sistema proceden actualmente de aportaciones finalistas no tributarias en su práctica totalidad y los “contribuyentes” de la formación no se inscriben en la colectividad abstracta de la ciudadanía sino que son trabajadores activos por cuenta ajena y empresarios, que pagan una cuota finalista, la llamada “cuota de formación profesional”, además de lo que les toca pagar a cada uno en su condición común de “contribuyentes”. Por cierto, esos 1.900 millones de euros anuales de la cuota financian también la formación de trabajadores que no pagan cuota con carácter general, como los trabajadores autónomos o los desempleados.
Y dicho esto y volviendo a la eficiencia ¿Cuánto le cuesta a empresarios y trabajadores la Fundación Estatal?
De aquella cantidad, un 1,6% (31 millones) corresponden al presupuesto de gastos e inversiones de la Fundación Estatal. Para que no parezca que me hago trampas en el solitario, diré que la gestión directa de la Fundación -que concierne a la mitad de lo recaudado- duplica la ratio del coste de gestión pero debe tenerse en cuenta que nuestro presupuesto financia también actividades anejas a las iniciativas pero que son sustantivas y complejas y benefician al conjunto del sistema, como el trabajo de las estructuras paritarias sectoriales, la realización de estudios, prospectivas y estadísticas, la presencia en organismos y foros internacionales, la realización de jornadas y publicaciones, la información a los usuarios, las campañas de difusión y el apoyo al seguimiento y control y a los procedimientos ejecutivos que realizan los órganos competentes de la Administración. Si tenemos en cuenta que el presupuesto medio de las instituciones de referencia de similar naturaleza en Francia (descontado el coste de recaudación) es aproximadamente del 6% de lo recaudado, y si a esto añadimos que hacemos posible la formación gratuita de unos 4 millones de trabajadores al año parece que la Fundación Estatal es un buen ejemplo de eficiencia, concepto lejanísimo al de “baratura” o siquiera “low-cost”.
La muy saludable Fundación Estatal (y tripartita) para la Formación en el Empleo ha enriquecido su naturaleza referencial con la incorporación de las Comunidades Autónomas a sus órganos de gobierno y se ha situado por mandato de la Ley en la primera línea de la gobernanza. Esta casa del Diálogo Social ha recibido de los poderes del Estado el reconocimiento que merece y nunca ha estado tan sana como en el tiempo para mí afortunado en el que me ha tocado dirigirla. Con un capital humano pujante y una clara orientación hacia el usuario y la utilidad social tendrá que afrontar sin dudas cambios consecuentes con los tiempos y los ciclos de su entorno pero yo me la imagino siempre atenta al legítimo escrutinio de las empresas, de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, y al reto de experiencias y oportunidades para las que estará disponible y felizmente preparada.
