El Instituto de Estudios Económicos ha elaborado un Informe de Opinión para poner en valor la importancia de la calidad institucional de un país, en especial en los ámbitos relativos a la seguridad jurídica y la adecuación del marco regulatorio, como elemento influyente en su desempeño económico a largo plazo, y, por tanto, en la generación de riqueza y bienestar para la sociedad.
Existe una estrecha relación entre un contexto institucional caracterizado por el uso de buenas prácticas regulatorias y el desarrollo económico de los países. Esta correlación positiva es intensa con independencia de que el entorno institucional se aproxime con la variable de seguridad jurídica y la calidad regulatoria.
Un marco regulatorio e institucional que configure los incentivos adecuados para los distintos agentes económicos favorecerá la asignación y acumulación de capital en proyectos de inversión rentables, productivos e innovadores. Ello tendrá un impacto positivo en la productividad, y, por ende, en el crecimiento a largo plazo de la economía. Cuando se quebranta la seguridad jurídica, se conculcan las buenas prácticas regulatorias y se genera un entorno de incertidumbre en el que las empresas afectadas aplazan o paralizan sus decisiones de inversión, con el consecuente impacto también en términos de empleo. Las consecuencias negativas se dejan notar, también, por el lado de la financiación de estas inversiones, al aumentar la prima de riesgo exigida por los inversores, y, por tanto, incrementando los costes de capital para estas empresas.
El marco institucional en España, en lo relativo a los indicadores de gobernanza relacionados con la calidad regulatoria y el cumplimiento de la Ley, ha sido analizado recientemente por el Banco Mundial en su publicación ‘Worldwide Governance Indicators’ La situación en España está en línea, pero algo por debajo del promedio de la UE.
El análisis de lo sindicadores cualitativos relativos a la calidad regulatoria y la seguridad jurídica evidencia que, para estar en el mismo nivel que los países europeos con mejores prácticas, es necesario mejorar en estos aspectos nuestra política económica, para incorporar, como objetivo explícito, la mejora de la calidad regulatoria y la seguridad jurídica.
En este contexto, nuestro país debe apostar por un marco institucional que garantice el cumplimiento de lo que se consideran los principios de las mejores prácticas regulatorias, que se concretan en:
- Seguridad jurídica, estabilidad y predictibilidad. Esto no significa que las normas no puedan y deban evolucionar en el tiempo para adaptarse a las realidades de cada momento, sino que estos cambios deben ser graduales, y evitando procedimientos de urgencia. Además, las actuaciones deben ser previsibles, en el sentido de que no supongan cambios drásticos respecto a la regulación anteriormente existente.
- Accesibilidad y participación en el proceso regulatorio. Un principio básico para una buena regulación es favorecer la participación de los agentes del sector. Es conveniente que las decisiones que se vayan a adoptar sean precedidas de consultas, y seguidas de un diálogo participativo, tanto a las empresas, como a las organizaciones empresariales, de manera que se puedan contrastar los diferentes puntos de vista y se analicen con transparencia las consecuencias que un posible cambio regulatorio pueda tener sobre la actividad.
- Eficacia, orientación, proporcionalidad y justificación de las propuestas normativas. El análisis y la preparación de nuevas normas deben hacerse como respuestas a una necesidad previamente detectada. En ese sentido, un seguimiento continuado y colaborativo dentro del sector puede ayudar a identificar las necesidades existentes, presentes y futuras, que pueden dar lugar a posibles cambios normativos.
- Consistencia, credibilidad, simplicidad y transparencia. Las nuevas normas regulatorias que se elaboren, así como las decisiones de los órganos de regulación, deben ser coherentes entre sí y evitar contradicciones con otras normas ya existentes. Además, la legislación debiera ser sencilla, ordenada y transparente, para facilitar su adecuada comprensión por parte de todos los agentes. Por tanto, es conveniente evitar la complejidad excesiva o la abundancia de normas que dificulten el entendimiento de las mismas.
La seguridad jurídica es uno de los principales pilares del Estado de derecho, por lo que está protegida por la Constitución de 1978, se incluye dentro de las garantías del individuo contra la arbitrariedad de los poderes públicos y se basa en tres principios: conocimiento de la normativa vigente, calidad técnica en la elaboración y estabilidad del ordenamiento jurídico. A ello hay que añadir la protección del Derecho comunitario a través del principio de protección de la confianza legítima, un principio que ha sido desarrollado en diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea afirmando que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquella, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. Y es que la seguridad jurídica pretende consolidar un sistema en el que sea razonable prever las consecuencias económicas de las actuaciones de los particulares y de los poderes públicos, lo que es fundamental para el progreso económico.
