La Comisión Europea ha propuesto este miércoles nuevas normas para impedir el bloqueo geográfico que imponen muchas empresas a los europeos que hacen sus compras a través de Internet y que impide que accedan a ofertas válidas en otros Estados miembros, si bien ha dejado fuera de esta propuesta sectores clave del comercio ‘on line’ como los ebooks, la música o los videojuegos.
El vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Mercado Único Digital, Andrus Ansip, ha querido «dejar claro» en una intervención ante el Parlamento Europeo que el objetivo de Bruselas no es imponer un «precio único» en la Unión Europea.
«Estamos en contra de regular los precios, pero queremos transparencia y que se puedan comparar las tarifas nacionales, que suelen ser mucho más bajas que las transfronterizas», ha explicado, por su parte, la comisaria de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, en la rueda de prensa en que se ha presentado la propuesta.
, para lo que será necesario contar primero con el visto bueno del Parlamento Europeo y de los Veintiocho.
El objetivo de la propuesta es corregir la discriminación que sufren los consumidores en el acceso a los precios, a las ventas o en las condiciones de pago, por ejemplo cuando son ‘redirigidos’ a una web de su Estado miembro con precios diferentes o cuando se le obliga a utilizar una tarjeta de crédito de un país concreto.
Bruselas, sin embargo, prevé excepciones para los casos en los que esa discriminación esté «objetivamente justificada» por motivos como el IVA o cuestioneLa Comisión Europea confía en que las reglas se apliquen a partir de 2017s legales de interés público, como la protección de derechos de autor.
En la práctica, ello supone que las nuevas normas dejan fuera del ámbito de aplicación al sector de audiovisual, cubierto por la normativa que regula el copyright. Y tampoco se aplicará a sectores de peso en el comercio electrónico como la música, los ebooks y videojuegos.
Sí afectará a servicios electrónicos como la computación en nube o el almacenamiento de datos, que tendrán un año más –hasta 2018– para adaptarse.
Para evitar una carga «desproporcionada» a las empresas, la propuesta del Ejecutivo comunitario no contempla una obligación de envío a toda la UE y exime del cumplimiento de algunas disposiciones a las pequeñas empresas que no alcanzan un umbral nacional en materia de IVA.
Un estudio previo a la propuesta realizado por Bruselas señala que sólo un 37 % de las páginas web de venta en la Unión Europea permiten las compras desde otro Estado miembro sin cambiar las condiciones de compra por su residencia.
