La Comisión Europea ha propuesto este martes cambios en las normas que coordinan los sistemas de seguridad social de los Estados miembros, para introducir límites en algunas de las prestaciones por desempleo que puedan corresponder a ciudadanos europeos que se trasladen a vivir a otro país de la UE.
Entre las principales novedades, Bruselas plantea que un europeo necesite haber trabajado «al menos tres meses» en un Estado miembro para que, a la hora de calcular las ayudas por desempleo si pierde su puesto, se tenga en cuenta su experiencia cotizada anteriormente en otro país de la UE.
El documento aclara, además, que la legislación comunitaria avala que las autoridades de un Estado miembro nieguen prestaciones sociales a desplazados «económicamente inactivos», es decir, que ni tienen ni buscan empleo, ni cuentan con medios de subsistencia ni cobertura médica.
Por otro lado, y con la ambición de animar a los europeos a la movilidad laboral, el Ejecutivo comunitario quiere que se amplíe de tres a «al menos seis meses» el periodo durante el cual una persona en busca de empleo puede «exportar» sus prestaciones de paro a otro territorio de la UE.
La Comisión quiere también aclarar las condiciones que asisten a los trabajadores transfronterizos, aquellos que viven en un país pero se desplazan cada semana a otro por motivos laborales.
Para ellos, dice Bruselas, se deberá aplicar el principio de que el pago de los subsidios corresponde al país que percibió las cotizaciones, por lo que deberá pagarlas el Estado miembro en donde haya trabajado la persona los doce meses anteriores.
Los países, además, deberán contar con los instrumentos necesarios para «comprobar el estatuto» de los desplazados y cooperar mejor con el resto de socios para detectar y responder a posibles abusos o fraudes.
«Queremos reglas claras, que sean fácilmente aplicables por los Estados miembros y que sean justas», ha defendido la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, en una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), para explicar las modificaciones.
La comisaria ha querido así defender que se trata de una de las revisiones periódicas del sistema coordinado, que data de 1959, para modernizarlo y favorecer la movilidad de los trabajadores, y no de restricciones con las que contentar a gobiernos que, como en Reino Unido, Alemania o Austria alertan de un «turismo social» de europeos que emigran a países con subsidios más elevados.
Thyssen también ha advertido de que los cambios no afectarán a las normas que se aplican a las prestaciones por hijos a cargo, por lo que no se contempla que las autoridades del Estado en el que reside el trabajador pueda indexar tales apoyos para ajustarlos al nivel de vida de otro país en el que viva el hijo.
«Menos del 1 % de las prestaciones por hijo a cargo se llevan de un Estado miembro a otro», ha defendido la comisaria, sobre una regla que se quiso flexibilizar para Reino Unido, si este país elegía quedarse en la Unión Europea.
